Pueblos originarios de Jujuy marcharon contra el despojo y la indiferencia oficial

En plena Semana de los Pueblos Indígenas, comunidades originarias de Jujuy alzaron su voz una vez más en la capital provincial para denunciar lo que consideran un avance sistemático del Estado sobre sus derechos ancestrales. Bajo el marco del 3er Malón de la Paz, representantes de distintos pueblos originarios marcharon este lunes 21 de abril exigiendo el fin de los ajustes, la persecución y el despojo de sus territorios.

La concentración comenzó en Plaza Belgrano, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa que precedió a la movilización hacia las sedes de los tres poderes del Estado provincial. Desde allí, expusieron públicamente el incumplimiento del gobierno jujeño con respecto a los mecanismos de consulta previa, libre e informada que exige la Ley Nacional 24.071 y tratados internacionales.

Raúl Sajama, referente de la Comunidad del Angosto de El Perchel, fue contundente: “Desde la reforma parcial de la Constitución en 2023, el gobierno no ha cumplido con la consulta indígena. No basta con hablar de desarrollo, hay que respetar nuestras voces y los territorios que habitamos desde siempre”.

Las comunidades movilizadas —provenientes de Tilcara, Humahuaca, Yavi, Santa Catalina, Abra Pampa y otras zonas de La Puna— también expresaron su preocupación por el avance descontrolado de la explotación de litio y su consecuente consumo de agua, recurso vital para la vida en la región. “No estamos en contra del progreso, pero no a cualquier precio. Si seguimos en esta lógica extractivista, nos quedaremos sin agua en el futuro”, advirtieron.

El reclamo se enmarca en un contexto legal que parece ser ignorado por las autoridades. Las comunidades cuentan con dos fallos recientes a su favor: uno emitido por el Banco Mundial y otro por la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, ambos reconociendo su derecho a participar en las decisiones sobre proyectos que impactan directamente en sus territorios. A pesar de ello, denuncian que el gobierno de Gerardo Morales ha continuado actuando unilateralmente, vulnerando derechos y profundizando el conflicto.

La marcha no sólo fue un acto de protesta, sino también una reafirmación de identidad y una demanda de diálogo real. Las comunidades exigen no solo ser escuchadas, sino que se cumpla con lo que la ley ya reconoce como suyo: el derecho a decidir sobre sus tierras, sus recursos y su futuro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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