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22 de abril de 2025 | Provincia

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Escándalo en el centro de contención juvenil de Junín: Nepotismo, violencia, fraude y encubrimiento

Trabajadores del centro de contención juvenil de Junín expusieron el entramado de corrupción y abusos en una institución clave del sistema de protección de derechos de la provincia de Buenos Aires. Apuntan al director de Institutos Penales, Claudio “Momia” Otero, y al ministro Andrés Larroque.

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por:
Santiago Sautel

Fuentes del interior del sistema de niñez bonaerense decidieron romper el silencio y hacer pública la alarmante situación que atraviesa desde hace años el centro de contención penal juvenil de Junín, dependiente de la Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Los testimonios del equipo de la institución denuncian un deterioro estructural y humano sin precedentes. Actualmente, solo dos asistentes cumplen funciones activas, mientras que los otros dos se han visto forzados a tomar licencia médica por hostigamiento y un clima laboral insostenible, generado directamente por la conducción del establecimiento.

El director Raúl Colombo y la subdirectora Liliana Barragán están al frente de una gestión que, según se denuncia, se caracteriza por el nepotismo, el abuso de poder y la persecución laboral. "Han incorporado a sus propios hijos a cargos sin ningún tipo de formación ni antigüedad, desplazando a personal altamente capacitado", señalan las fuentes, configurando una maniobra sistemática de acomodos y favoritismos en el estado.


El centro de contención juvenil de Junín.

El resultado ha sido la fuga de personal profesional y la creación de un entorno de maltrato y presión, no solo hacia los trabajadores, sino también con consecuencias directas sobre los adolescentes alojados, quienes reciben una atención cada vez más deficitaria.

Violencia y fraude

La situación escala aún más con una denuncia explosiva: Liliana Barragán fue detenida hace apenas cuatro meses junto a su hijo, involucrado en un caso de violencia extrema contra una trabajadora del centro que era su pareja. El joven, con antecedentes de adicción y comportamiento violento, fue primero incorporado como asistente y luego como administrativo dentro del mismo centro. Pese a múltiples denuncias y medidas judiciales, continuó acosando a la víctima hasta golpearla brutalmente, desfigurándola. Tras accionar el botón antipánico, la policía intervino, y la subdirectora huyó con su hijo en su auto, hasta que fueron detenidos luego de una persecución. La causa aún está abierta, pero no hubo sanciones ni consecuencias administrativas para ninguno de los implicados.

El entramado de abusos no termina ahí. También se denuncia un sistema de fraude con las horas extras: "Los operadores están obligados a rendir y transferir sus horas a directivos, quienes cobran sin trabajar. Uno de ellos incluso se habría comprado una propiedad gracias a esta maniobra", detallan las fuentes. A pesar de que los directivos manifestaron su intención de dejar el cargo, ya estarían intentando colocar a la hija de Barragán como futura directora, perpetuando un modelo de gestión basado en el amiguismo, el encubrimiento y el abuso institucional.

El “Momia” y Larroque miran para otro lado

La falta de respuesta estatal frente a estos hechos es total. A pesar de los reiterados reclamos por la falta de personal y las graves irregularidades denunciadas, las autoridades responsables han optado por mirar para otro lado, desentendiéndose tanto de la integridad de los trabajadores como del bienestar de los menores.
Detrás de este escenario se perfila un responsable político directo: Claudio “Momia” Otero, actual director de Institutos Penales, a quien se señala como el protector de esta estructura de poder local. Otero reporta directamente al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dentro del gobierno de Axel Kicillof.

“Las chanchadas que los directivos han encubierto a sus propios hijos son de público conocimiento entre el personal, pero nadie habla por miedo. Ese pacto de silencio debe romperse. Y debe ser ahora”, concluye uno de denunciantes.

Desde el interior del sistema, exigen una intervención inmediata, una auditoría integral y la revisión exhaustiva de cuentas, legajos y movimientos económicos de los últimos años. “Lo que está en juego no es solo una institución: es la legitimidad del sistema de protección integral de derechos”, advirtieron. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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