Escándalo institucional en Santa Cruz: Denuncian al vicegobernador Fabián Leguizamón por violento

Un hecho sin precedentes sacudió a la Legislatura de Santa Cruz. El vicegobernador Fabián Leguizamón fue denunciado por presunta violencia institucional, de género, política y laboral contra la diputada opositora Lorena Ponce, del bloque Unión por la Patria. El episodio se habría producido en el propio despacho del vicemandatario, durante una reunión entre autoridades parlamentarias.

Según informaron desde el bloque opositor, Ponce –quien representa a la localidad de 28 de Noviembre y ocupa la vicepresidencia del bloque– fue atendida por personal médico y luego radicó una denuncia formal en la Oficina de Violencia de Género, tras el presunto episodio de agresión. El hecho generó una ola de repudio y fue calificado por sus colegas como “de extrema gravedad” y sin antecedentes en la historia legislativa de la provincia.

Durante la sesión ordinaria posterior, que comenzó con más de una hora de demora, la diputada Agostina Mora tomó la palabra para visibilizar lo ocurrido, pero la transmisión oficial fue interrumpida abruptamente, en lo que muchos consideran un intento de silenciar la denuncia. La sesión debió ser presidida por el vicepresidente primero, Javier Jara, debido a la ausencia de Leguizamón.

En un comunicado, el bloque de Unión por la Patria exigió una investigación inmediata y sanciones ejemplares, advirtiendo que “el poder no puede convertirse en un espacio donde se naturalicen los abusos y la impunidad”. Además, ratificaron su compromiso con el respeto institucional y la defensa de los derechos de las mujeres en los ámbitos de representación política.

Por su parte, el vicegobernador negó públicamente las acusaciones y trató de minimizar el hecho, asegurando que se trató de una discusión vinculada a descuentos salariales por inasistencias, por un monto total de 1.200.000 pesos al bloque opositor, con excepción del diputado Santi. Leguizamón sostuvo que fue Ponce quien habría tenido “exabruptos verbales”, y no él.

Lo cierto es que, mientras el oficialismo intenta reducir el conflicto a una simple disputa administrativa, una legisladora debió recibir asistencia médica y activar los mecanismos institucionales de protección frente a la violencia política. Y eso, por sí solo, amerita una investigación seria, pública y urgente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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