"No puede ser que quien recibe una vivienda social no pague nada”

En lo que va del 2024, las provincias argentinas construyeron unas 11 mil viviendas sociales con fondos del histórico Fondo Nacional de la Vivienda. La cifra, aunque positiva en el contexto actual, representa apenas una gota en el océano frente a un déficit habitacional estimado en más de 1.200.000 viviendas, además de otras 2 millones que requieren refacciones. Así lo confirmó Fernando Álvarez de Celis, director de Tejido Urbano.

"Cada vez que cargamos nafta o gasoil, un porcentaje va destinado a infraestructura y otro a vivienda. Ese fondo no se ha eliminado, y gracias a eso las provincias pudieron seguir construyendo", explicó Álvarez de Celis. Sin embargo, advirtió que el gobierno nacional discontinuó los aportes de planes complementarios, como el Procrear o los programas de viviendas sociales directas, lo que provocó una caída considerable en la inversión total.

Según su análisis, durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se alcanzaba un promedio de 30 mil viviendas por año. Este año, con apenas 11 mil unidades, el panorama luce preocupante.

En cuanto al reparto provincial, Córdoba lidera el ranking de construcción de viviendas, seguida por Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y Misiones. La provincia de Buenos Aires también figura entre las primeras cinco en cantidad absoluta de obras, aunque su rendimiento relativo por población sigue siendo bajo. "Muchas de estas provincias pusieron fondos propios, lo que permitió superar las 7 mil viviendas que se podrían haber construido solo con el aporte nacional", detalló.

Santa Cruz también figura entre las que menos construyó, con apenas una decena de viviendas realizadas pese a haber recibido fondos para unas 250. Según trascendió, el gobierno provincial justificó esta parálisis en una auditoría interna. Otras provincias con bajo desempeño fueron Neuquén y Corrientes.

El mecanismo de adjudicación de viviendas varía según la jurisdicción. Algunas, como Santa Fe o Córdoba, realizan sorteos; otras, como Catamarca o Santiago del Estero, manejan padrones sociales. Sin embargo, en muchos casos el proceso es poco transparente. "Hay denuncias de alquileres ilegales, personas que reciben viviendas y ni siquiera viven en la provincia, y hasta casos de sobornos a funcionarios para ingresar en los listados", alertó el director de Tejido Urbano.

Además, advirtió sobre un cambio de enfoque en algunas provincias como Mendoza o San Juan, donde las viviendas sociales ya no se adjudican exclusivamente a los sectores más vulnerables, sino a personas con cierta capacidad de repago. Esto transforma el modelo en una suerte de crédito subsidiado, que excluye a quienes no tienen ingresos estables.

Frente a esta situación, desde Tejido Urbano proponen un cambio de paradigma. “Hay que pasar de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda”, planteó Álvarez de Celis. “No podemos seguir construyendo viviendas 100 por ciento públicas, completamente terminadas, para pocos. En países como Uruguay, Chile o Perú se subsidia a las familias según su capacidad real de pago y se promueve la autoconstrucción progresiva con planificación”.

También enfatizó la necesidad de articular políticas de vivienda con infraestructura urbana y créditos hipotecarios accesibles. “El esfuerzo social debe ser colectivo. No puede ser que quien recibe una vivienda no pague nada, mientras millones siguen esperando sin chances reales de acceder a una”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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