
CABA
Las cámaras no graban hace siete días, los sensores perimetrales no se activaron y los ladrones se pasearon impunes. En el centro del escándalo, la empresa de seguridad Watchman.
El Mapuche Country Club, uno de los barrios cerrados más tradicionales de Pilar, vivió una noche de terror y vergüenza institucional. Tres delincuentes ingresaron sin ser detectados, redujeron a una vecina de 75 años y a su empleada, robaron dinero, joyas y huyeron. Lo increíble no fue el robo en sí, sino la cadena de fallas que lo hicieron posible, todas bajo la responsabilidad de la empresa de seguridad privada Watchman Seguridad.
La lista de negligencias es alarmante: las cámaras de seguridad no graban desde hace siete días. Los sensores perimetrales, instalados para detectar cualquier ingreso no autorizado, nunca se activaron. Tampoco se disparó ninguna alerta durante la huida. Es decir, los ladrones entraron y salieron como si nada, sin dejar rastros ni ser captados por los sistemas que, en teoría, protegen a las más de cien hectáreas del predio.
El country tiene catorce vigiladores en servicio las 24 horas, según el contrato vigente con Watchman. Sin embargo, ninguna de esas personas advirtió el ingreso del vehículo robado ni detectó movimientos sospechosos. La propia jefa de seguridad del barrio, ante la consulta de la Policía Bonaerense, reconoció que las cámaras estaban fuera de servicio. Ningún aviso previo fue emitido a los propietarios ni al consejo del country.
Mientras la SubDDI de Pilar y el fiscal Raúl Casal intentan reconstruir cómo fue que los ladrones lograron burlar todos los anillos de seguridad, el foco de la indignación vecinal apunta con claridad hacia Watchman, cuya gestión quedó totalmente deslegitimada.
“La empresa cobra fortunas para garantizar algo que no existe”, dijo un vecino en off. Otro fue más directo: “Es un country liberado. Podrían haber hecho cualquier cosa”.
A medida que crece la bronca entre los propietarios, muchos exigen que se revise el contrato con la empresa y se avance con acciones legales por incumplimiento de deberes esenciales y negligencia grave. Desde la comisión directiva del country aún no hubo respuestas claras, pero la presión interna no deja de crecer.
El caso Mapuche deja una señal de alerta sobre la realidad de muchos barrios cerrados del conurbano: sin controles reales, sin tecnología funcional y con empresas de seguridad que venden espejitos de colores, la sensación de seguridad puede ser una peligrosa ilusión. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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