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“Estamos hablando de una madre que quedó a cargo de cuatro hijos, tres menores y uno con discapacidad. No es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de humanidad”, expresó el concejal Juan Flores del Frente Palpaleño, quien advirtió que la normativa 1135 continúa en plena vigencia.
En Palpalá, el reclamo de Patricia Tito volvió a resonar con fuerza. Tras la muerte de su esposo, quien trabajó durante 15 años en la Municipalidad, la mujer exige el cumplimiento de una ordenanza vigente que le permitiría acceder al cargo que él ocupaba. Siete meses después de iniciar el trámite, aún no obtuvo respuestas. El caso, que ya cuenta con respaldo sindical y de organizaciones civiles, podría escalar al Concejo Deliberante si el Ejecutivo no actúa.
“Estamos hablando de una madre que quedó a cargo de cuatro hijos, tres menores y uno con discapacidad. No es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de humanidad”, expresó el concejal Juan Flores del Frente Palpaleño, quien advirtió que la normativa 1135 continúa en plena vigencia. Según explicó, esta ordenanza habilita a familiares directos a heredar el puesto del trabajador municipal fallecido.
Sin embargo, el Ejecutivo encabezado por el intendente Rubén Rivarola se ha mantenido en silencio o, peor aún, ha brindado respuestas “insatisfactorias”, según denunció la propia afectada. Ante esta inacción, los concejales ya analizan la convocatoria a una sesión especial. “Si el municipio no resuelve esto, vamos a intervenir desde el Concejo. No podemos permitir esta indiferencia institucional”, subrayó Flores.
El acompañamiento al pedido de Tito no tardó en multiplicarse. La delegación local del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y la Red de Infancias Robadas respaldaron públicamente su derecho. La situación, cada vez más tensa, suma también el asesoramiento legal de Rubén González, quien asumió su representación formal.
El trasfondo del conflicto es tan claro como alarmante: una ordenanza que no se cumple, un municipio que no responde, y una familia que enfrenta el duelo y la precariedad sin respaldo estatal. “Esto podría haberse evitado. La falta de empatía institucional termina generando un problema político y social”, concluyó el edil.
El reloj institucional corre, y cada día sin respuesta es un golpe más para quienes, en medio del dolor, sólo piden lo que por derecho les corresponde.
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