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25 de abril de 2025 | Interior

Tilcara

Grave atropello en Jujuy: Exigen frenar el desalojo de la comunidad indígena Cueva del Inca

El operativo fue interrumpido gracias a la resistencia de la comunidad, que incluso llegó a amenazar con autolesionarse para frenar el avance policial.

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Mientras crecen las denuncias por irregularidades judiciales y violencia institucional, desde el SERPAJ reclaman una resolución urgente que garantice el respeto a los derechos indígenas.

La comunidad indígena Cueva del Inca, ubicada en Tilcara, volvió a ser blanco de un intento de desalojo violento el pasado martes, lo que provocó una fuerte reacción de organismos de derechos humanos. Desde el Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ), liderado por Adolfo Pérez Esquivel, solicitaron la suspensión definitiva del proceso y advirtieron sobre el despojo sistemático de tierras a pueblos originarios en la región.

“Hay un avasallamiento gravísimo de derechos que están protegidos por tratados internacionales, y que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo están respetando”, denunció la abogada Mariana Katz, integrante del equipo de Pueblos Originarios del SERPAJ. Según explicó, la jueza interviniente ignoró deliberadamente el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce la propiedad comunitaria indígena.

Katz también alertó sobre el trasfondo de estos conflictos territoriales: “El norte global necesita recursos para las llamadas energías limpias, pero esos recursos están en territorios indígenas. Se los están despojando en nombre de una transición ecológica que, así planteada, no tiene nada de limpia”.

El operativo fue interrumpido gracias a la resistencia de la comunidad, que incluso llegó a amenazar con autolesionarse para frenar el avance policial. La gravedad de la situación llevó a que Gendarmería se hiciera presente, no para desalojar, sino para proteger el sitio, que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Por otro lado, la abogada Alicia Chalabe recordó que existe una sentencia judicial de 2006 —el fallo "Andrada de Quispe"— que reconoce la titularidad comunitaria de las tierras. “Es una sentencia firme y consentida, pero el Estado provincial la ignora y ahora pretende desalojar a quienes tienen derecho legítimo sobre esas tierras. Es una incoherencia jurídica inadmisible”, advirtió.

Desde el SERPAJ confirmaron que ya realizaron presentaciones ante la Corte de la provincia de Jujuy solicitando una resolución inmediata para suspender el desalojo y garantizar los derechos de la comunidad en su conjunto. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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