OPNyA: Un fin de ciclo dentro de una espiral decadente

Luego de tres fugas consecutivas, la gestión de Patricia “Chueca” Vázquez al frente del Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatorio (CSPLA) -la parte cerrada del centro de menores Pablo Nogués- llegó a su fin. El cierre de ciclo incluye también responsabilidades compartidas con los coordinadores del dispositivo, aunque ya el ministro Andrés Larroque ya tendría en carpeta algunos nombres para suceder a la conducción local: Juan Storino y Diego “Colo” Rodríguez encabezan la lista.

Storino es actualmente director del centro abierto de Malvinas Argentinas. Sobre él pesan denuncias por violencia de género, además de señalamientos por las condiciones de precariedad en las que funciona la institución que dirige: un equipo técnico sin profesionales y un clima laboral tóxico que persiste desde hace años.

Por su parte, Diego Rodríguez, en comisión en la municipalidad de Moreno, realiza desde hace meses horas extras en el centro de Pablo Nogués, pese a que esto representa una clara incompatibilidad de funciones. La situación configura una ilegalidad que hasta ahora ha pasado sin consecuencias.

Sin embargo, más allá de los nombres, lo que expresa con mayor crudeza el fracaso institucional es el régimen horario de 12 x 36 horas, que colapsó desde su implementación. Tras permanecer cerrado casi dos años por refacciones millonarias que no fueron más allá de una mano de pintura y obras superficiales –con un costo que ascendió a 194 millones de pesos-, el centro reabrió con un estricto criterio de selección: se exigía a los aspirantes residir a menos de 5 kilómetros del lugar y pertenecer a una franja etaria reducida. Pero la política duró poco. La masiva cantidad de renuncias y el colapso del dispositivo obligaron a flexibilizar requisitos: hoy se acepta prácticamente a cualquier persona dispuesta a soportar las guardias en condiciones laborales deplorables.

Los trabajadores designados del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) sufren maltratos sistemáticos tanto por parte de los directivos -que amenazan con despidos si se revelan las irregularidades- como por parte de los jóvenes alojados. A estos últimos, el sistema busca abordar como si fueran niños en edad preescolar, pese a que en realidad son adolescentes judicializados comprendidos por el fuero penal juvenil.

La romantización de la criminalidad juvenil por parte de la gestión de Axel Kicillof no solo pone en riesgo a la sociedad civil -rehén del avance del delito-, sino que también deteriora severamente la salud mental de los jóvenes trabajadores, quienes permanecen en sus puestos únicamente por una necesidad económica imperiosa. En guardias habituales, cuatro mujeres -en promedio de 28 años- y un varón supervisan la convivencia de 24 jóvenes en simultáneo. Un escenario que cualquier observador calificaría como inviable para garantizar seguridad, orden o la mínima funcionalidad institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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