
Judiciales
Los propios afiliados al gremio denunciaron los hechos ante la Justicia y reclaman la intervención nacional. En pocos años, el sindicato habría utilizado sus vínculos políticos con la intendenta local para formar su propia financiera.
El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), que representa a trabajadores de la municipalidad de Paraná, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, la denuncia la presentó Fabián Carreras, un afiliado al gremio, quien llevó a la Justicia una serie de irregularidades que involucran directamente al actual secretario general, Fabricio Gómez.
La denuncia de Carreras reabre un entramado de causas judiciales que ya arrastra el gremio desde hace años. En 2021, SUOYEM fue denunciado por usurpación de cargos y malversación de fondos públicos. En 2024, la fiscalía logró un acuerdo con la dirigencia sindical que permitió reducir la carátula del expediente a "estafas reiteradas", a cambio de una devolución de 16 millones de pesos a sus propios afiliados, que habían sido estafados.
Sin embargo, lejos de cerrarse, el caso tomó nuevos rumbos. El mismo fiscal desglosó la causa principal y abrió una nueva investigación por usurpación de autoridades, tras comprobarse que, tras la muerte del anterior secretario General, Jorge Brocado, un grupo de dirigentes tomó el control del gremio de manera ilegítima. Según la investigación, accedieron al cargo a través de una vocalía y retiraron de forma ilegal los fondos remanentes de las cuentas sindicales. Dicho dinero fue presuntamente repartido entre el actual secretario de Finanzas y el revisor de cuentas, ambos aún en funciones bajo la gestión de Gómez.
El SUOYEM se presenta en su sitio web institucional como “un humilde proyecto. Humilde como cada uno de los trabajadores y obreros que cada día se levanta con el objetivo de dar lo más íntimo de su ser por su ciudad”. No obstante, las múltiples causas judiciales y las denuncias por manejos turbios contradicen de lleno esa imagen.
El gremio mantiene vínculos estrechos con el sector kirchnerista del sindicalismo argentino y, según varias denuncias, con la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero. La jefa comunal habría habilitado los códigos de descuento automático para que el sindicato opere como una suerte de financiera dentro del municipio, prestando dinero a empleados con descuentos directos de sus haberes. Esta maniobra derivó en pedidos de intervención ante la secretaría de Trabajo de la Nación y reclamos directos a figuras de peso del sindicalismo nacional, como Hugo Moyano y Héctor Daer.
Las denuncias no terminan ahí. Según documentación que forma parte de la causa, existe un sistema de corrupción interna basado en las horas extras municipales. Un puntero sindical de nombre Jesús Núñez aparece con más de 200 horas extras asignadas, lo que incrementa en forma abultada su salario. Se estima que hay empleados municipales cobrando hasta 600 mil pesos mensuales en horas extras, a cambio de un retorno de 50 mil pesos que deben entregarle al mencionado Núñez.El presunto desvío de fondos públicos y el aprovechamiento de mecanismos estatales para beneficio personal o de facciones políticas representa un hecho de extrema gravedad institucional. Mientras tanto, los empleados municipales damnificados aseguran que no saben a quién recurrir.
El caso SUOYEM, lejos de cerrarse con el acuerdo económico judicial, parece ser apenas la punta del iceberg de una estructura sindical que, bajo el discurso de la humildad y la representación obrera, habría operado como una red de favores, retornos y manejos ilegales de fondos públicos. Las próximas semanas serán claves para saber si finalmente la Justicia, las autoridades laborales y los líderes sindicales nacionales tomarán cartas en el asunto. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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