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Juan Oscar Reggioni, por haber adulterado documentación oficial con el objetivo de acceder a fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.
La Justicia de Río Negro declaró culpable al exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, por haber adulterado documentación oficial con el objetivo de acceder a fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. Solo se construyó la mitad de las casas comprometidas, mientras que el dinero siguió fluyendo.
Reggioni fue hallado responsable de los delitos de administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso, tras comprobarse que presentó una declaración jurada manipulada para obtener el cuarto desembolso del programa nacional ACU994. El exjefe comunal aseguraba en los papeles un 75% de avance de obra, pero en el terreno apenas se había alcanzado el 50%.
El plan original, ejecutado durante su gestión entre 2014 y 2015, preveía levantar doce viviendas en seis meses. Con el 75% del financiamiento ya desembolsado, Reggioni buscó acceder al último tramo de fondos pese a que apenas seis viviendas estaban finalizadas o parcialmente construidas. Además, la certificación que presentó carecía de la firma del maestro mayor de obras que había intervenido en las etapas previas, lo que fue clave para la imputación.
Durante el juicio no se acreditó que Reggioni haya desviado los fondos en su propio beneficio, pero el tribunal subrayó que violó los términos del convenio firmado con el Estado nacional, incurriendo en una gestión irresponsable y deshonesta.
En contraste, los tres expresidentes de cooperativas y una intermediaria, también imputados en la causa, fueron absueltos. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes y remarcó las fallas del Ministerio Público Fiscal en el manejo del caso, como la retirada de acusaciones y la falta de congruencia en las imputaciones.
El fallo también dejó en evidencia las debilidades institucionales del municipio. Los jueces remarcaron que el desembolso final se hizo en 2016, ya fuera del mandato de Reggioni, y advirtieron que nunca se investigó con seriedad el destino de ese dinero público, apuntando al desorden administrativo como un factor clave que permitió que los fondos se evaporaran sin control.
La causa entrará ahora en una nueva etapa para determinar la pena que le corresponderá a Reggioni, aunque el daño ya está hecho: viviendas inconclusas, fondos mal gestionados y una vez más, impunidad en la trastienda de la política local. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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