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Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), compartió su visión cruda sobre la violencia institucional, las falencias del estado y la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Además, denunció la hipocresía del feminismo institucional y el abandono del sector.
“Estamos hablando de un contexto de mucha vulnerabilidad y violencia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por parte de algunos grupos de vecinos organizados. Esta violencia institucional no es un hecho aislado, está naturalizada en muchas comunidades, y las trabajadoras sexuales somos las principales víctimas”, destacó Georgina Orellano al inicio de la entrevista.
La dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) compartió su experiencia reciente en España, donde se encontró con problemas similares a los que enfrenta Argentina. “Allá, el gran desafío es la situación migratoria. Hay más de medio millón de personas esperando ser regularizadas. Nos encontramos con muchas compañeras en situación de calle, atravesando situaciones de violencia y consumo problemático, y lo más preocupante es que el feminismo institucional no ha sabido dar respuesta a esta realidad”, explicó.
Orellano habló sobre las expectativas que generó el feminismo institucional al llegar al estado, pero denunció que, lejos de ampliar derechos, se centró en la criminalización del trabajo sexual. “El feminismo que llega al estado no ha hecho más que reformar legislaciones que criminalizan a las trabajadoras sexuales. No nos han reconocido como trabajadoras, sino como víctimas, y no se ha avanzado en políticas públicas que nos protejan”, subrayó.
“Es un proyecto muy blanco”, denunció en esa misma línea. “Las únicas que se salvan son las que se presentan como salvadoras, las que llegan al estado y hacen carrera política. Pero las supuestas salvadas seguimos en la misma: sin derechos, sin techo y con hambre”.
El momento más paradigmático fue cuando, en plena pandemia, lograron que el gobierno de Alberto Fernández incluyera la categoría de trabajadora sexual en el registro de la economía popular, lo que hubiese sido un avance crucial para el sector. Sin embargo, la medida fue retirada solo cinco horas después. “El estado perdió la oportunidad de conocer la realidad de las trabajadoras sexuales y, con ello, de poder generar políticas públicas adecuadas”, reflexionó Orellano.
Orellano resaltó que el principal obstáculo para avanzar en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales no está solo en las políticas gubernamentales, sino también en la mirada puritana de algunos sectores del feminismo. “El feminismo en Argentina está muy atravesado por una lógica de clase media, un feminismo que nos ve como objeto de estudio, no como sujetos políticos con capacidad de decisión. Nos tratan como si no tuviéramos autonomía, como si todas las que ejercemos el trabajo sexual fuéramos víctimas de un sistema de desigualdad”, dijo.
La referente sindical fue tajante respecto al rol del estado y su vínculo con las trabajadoras sexuales: “Yo no creo que ninguna exfuncionaria del ministerio de las Mujeres se muera de hambre, mis compañeras sí. Hacen fila con un táper para conseguir una porción de comida al día, duermen en la calle, y no tienen ni un baño donde higienizarse”.
En este sentido, la dirigente del sindicato denunció la hipocresía de un feminismo que lucha por la abolición del trabajo sexual sin cuestionar otras formas de explotación laboral que afectan a amplios sectores de la sociedad. “¿Por qué no se conmueven con la explotación de las trabajadoras rurales, de las empleadas domésticas o de los migrantes que trabajan en condiciones de servidumbre? ¿Por qué solo se preocupan por la explotación del trabajo sexual?”, se preguntó.
En la misma línea, Orellano criticó al estado por su falta de respuesta ante las problemáticas de las trabajadoras sexuales, desde la violencia policial hasta la falta de acceso a la vivienda y la salud. “Nosotras no defendemos instituciones que no responden al pueblo. No podemos defender un estado que nos mete presa, que nos roba, que nos violenta todos los días. Necesitamos un estado, sí, pero no el que tenemos ahora”, agregó.
Asimismo, }denunció la violencia policial y el endurecimiento de los operativos en el gobierno de Javier Milei: “Antes teníamos una o dos detenciones por día. Ahora son entre tres y cinco. Operativos de saturación donde te paran al voleo, te piden DNI, te revisan la mochila. Lo vemos no solo con nosotras, sino también con personas en situación de calle o vendedores informales”
Finalmente, hizo un llamado a la organización popular y a la autogestión, como la única vía para avanzar en la conquista de derechos. “Siempre confiamos en lo que podemos generar nosotras, en nuestra organización, porque las instituciones no han sido buenas con nosotras. Nos han estudiado, pero no han transformado nuestra realidad”, dijo. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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