Cercada judicialmente, CECAITRA prepara una desesperada ofensiva mediática

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) atraviesa su peor momento. Investigada por múltiples causas judiciales, denunciada por intendentes, cuestionada por gremios municipales y desbordada por auditorías provinciales que exponen un esquema de contrataciones dudosas, la entidad parece haber optado por una estrategia que levanta nuevas alertas: una ofensiva mediática basada en información falsa y causas ya desestimadas por la Justicia.

Detrás de esta operación aparece su presidente, Bernardino García, quien junto al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, figura en el centro de un entramado de negocios millonarios con el estado bonaerense y por estas horas apunta desesperadamente a tapar información proveniente de su teléfono móvil.

Vale recordar que, tal y como lo retrató este medio, días atrás la Justicia allanó la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN - FRLP) al encontrar inconsistencias en distribuciones realizadas por CECAITRA, en perjuicio de los municipios, lo que motivó pedidos de informes del Tribunal de Cuentas y rescisiones por parte de diversos municipios. La malversación de fondos preocupa profundamente a las autoridades de CECAITRA debido a las enormes sumas que eventualmente deberán resarcir a raíz de las diferencias retenidas en perjuicio de las comunas.

Justicia, escándalo y desesperación

La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi reveló que CECAITRA operó más de 150 cinemómetros sin contar con las habilitaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que no solo invalida las multas emitidas, sino que podría obligar a los municipios a devolver lo recaudado. En paralelo, se investiga un esquema de “gestores” que ofrecían descuentos ilegales en multas con el guiño de jueces de faltas, y una trama de concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con comisiones sospechosamente elevadas.

Debido a las irregularidades, la Justicia imputó a Bernardino García y allanó su domicilio particular.

Ante este escenario judicial crítico, y con el riesgo de que se desplome un negocio que mueve millones, CECAITRA decidió salir al cruce con una serie de artículos y operaciones mediáticas que buscarán instalar un relato alternativo: apuntan contra sus críticos, desacreditan a los denunciantes y reactivan causas judiciales ya archivadas para alimentar titulares funcionales a su defensa pública.

Medios funcionales y silencios sospechosos

Diversas fuentes consultadas por este medio señalan que, en las últimas semanas, representantes de CECAITRA y del entorno de D’Onofrio comenzaron a contactar a periodistas y medios de comunicación con propuestas que, más que entrevistas o gacetillas, rozan la lógica de la propaganda paga. Aunque no puede afirmarse que haya existido una compra directa de voluntades -algo que sólo la Justicia podría confirmar-, lo cierto es que varios portales se preparan para publicar contenidos claramente alineados con los intereses de la entidad, incluso cuando los hechos judiciales desmienten esa versión.

“No es nuevo que ciertos medios jueguen a favor de quien paga mejor. Lo grave es que en este caso están defendiendo un sistema de recaudación irregular, que afecta directamente a los recursos de los municipios y al bolsillo de los contribuyentes”, advirtió un intendente del conurbano consultado por REALPOLITIK.

Un sistema al borde del colapso

Mientras tanto, los gremios municipales encendieron las alarmas: si las causas judiciales prosperan y las multas son anuladas, los municipios perderán una fuente clave de ingresos. En lugares como Brandsen, Campana o La Matanza, los convenios con CECAITRA y otras empresas del rubro representan hasta el 20 por ciento de la recaudación local. Sin esos fondos, peligra el pago de sueldos, los aumentos paritarios y hasta la continuidad de obras públicas.

En ese marco, el actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ordenó una auditoría exhaustiva y ya detectó inconsistencias en CBU, CUIT y montos transferidos a universidades y empresas tercerizadas. En simultáneo, intendentes como Ramón Lanús (San Isidro), Julio Zamora (Tigre), Mauro García (General Rodríguez), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Pablo García (Dolores) y Javier Osuna (Las Heras) comenzaron a suspender los convenios, mientras que en otros distritos ya se revisan los contratos con lupa.

En suma, municipios de todos los colores políticos están en vías de rescindir los convenios con CECAITRA por las graves inconsistencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nro. 11 de La Plata.

¿Final anunciado?

La estrategia de CECAITRA parece clara: mientras la Justicia avanza, intenta ganar tiempo instalando un relato alternativo en medios que, por conveniencia o convenios, reproducen sin cuestionar. Pero las causas penales, los allanamientos, las auditorías y la presión de la opinión pública configuran un panorama sombrío.

En la política bonaerense, ya hay quienes hablan de un "final anunciado" para este esquema que, lejos de estar diseñado para mejorar la seguridad vial, parece haber sido utilizado para alimentar un entramado de negocios oscuros y favores cruzados entre empresas, universidades, funcionarios y medios de comunicación. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS