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Con beneficios fiscales garantizados, libre disponibilidad de divisas, y seguridad jurídica reforzada para los inversores, el RIGI termina de cerrar un cerco perfecto para los gigantes energéticos.
En silencio, pero con paso firme, YPF y un puñado de grandes operadoras energéticas acaban de sellar lo que podría convertirse en uno de los acuerdos de exportación de gas más ambiciosos de las últimas décadas. La petrolera estatal confirmó ante la Comisión Nacional de Valores su participación formal en el megaproyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías, en la costa de Río Negro, mediante la instalación de dos buques licuefactores que procesarán gas extraído en Vaca Muerta.
El dato político no es menor: los contratos de provisión están garantizados por 20 años y se enmarcan en el controvertido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el paquete de reformas del Gobierno nacional. De esta forma, YPF, Pan American Energy (PAE), Wintershall DEA, Pampa Energía y Golar LNG blindan un negocio que no solo promete enormes beneficios a futuro, sino que estará sostenido por una estructura legal diseñada para limitar regulaciones e impuestos por tres décadas.
La alianza empresaria avanza a través de la sociedad Southern Energy S.A. (SESA), que formalizó su adhesión al RIGI y ya cuenta con el visto bueno ambiental del gobierno rionegrino. El plan contempla la operación del buque FLNG HILLI para 2027 y la incorporación de un segundo barco, el FLNG MKII, hacia fines de 2028. Juntas, ambas unidades tendrán capacidad para exportar más de 5,9 millones de toneladas anuales de GNL al mercado internacional.
Para garantizar el abastecimiento, se construirá un gasoducto exclusivo entre Vaca Muerta y el golfo, asegurando un flujo constante que refuerce la infraestructura para la exportación de hidrocarburos, sin contemplar aún los impactos ambientales o sociales en las comunidades costeras.
Además del aval provincial, el proyecto ya recibió el certificado de libre exportación de GNL por 30 años otorgado por la Secretaría de Energía. A cambio de su participación del 25%, YPF se comprometió a respaldar financieramente el emprendimiento con garantías por hasta 325 millones de dólares ante los proveedores internacionales de los buques.
Este proyecto deja entrever la lógica de una Argentina que se resigna a profundizar su matriz extractiva y a consolidar la primarización de sus recursos naturales como eje de su inserción global. Con beneficios fiscales garantizados, libre disponibilidad de divisas, y seguridad jurídica reforzada para los inversores, el RIGI termina de cerrar un cerco perfecto para los gigantes energéticos.
Lo que aún queda pendiente es el debate sobre qué lugar ocupan las comunidades locales, los impactos ambientales y el rol estratégico del Estado en un negocio que, por su magnitud y horizonte temporal, excede largamente los ciclos políticos. El Golfo San Matías, hasta hace poco símbolo de resistencia a la industria petrolera, podría convertirse en una nueva postal del extractivismo argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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