Comisión Provincial por la Memoria: "La represión se ha vuelto una política de estado”

“Lo que vivimos fue un procedimiento policial completamente desmesurado, tanto por la cantidad de efectivos como por el despliegue de recursos represivos, en una manifestación históricamente pacífica”, explicó Rodrigo Pomares respecto a las jornadas vividas en las adyacencias del Congreso en los últimos días.

El referente de la Comisión Provincial por la Memoria detalló que participaron más de cuatrocientos efectivos de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Policía Federal, apoyados con camiones hidrantes, armas de gas y pertrechos disuasivos, en una jornada en la que incluso se impidió el habitual “semaforazo” —cruce de calle con semáforo en rojo— que simboliza la protesta de los jubilados.

“No hay justificación posible para el nivel de violencia desplegado. Se reprimió a manifestantes que ya estaban replegados en la vereda, incluso a personas heridas que estaban siendo asistidas por los cuerpos sanitarios”, denunció.

Pomares confirmó que hubo al menos cien personas afectadas por golpes y gases irritantes, cuatro detenidos —uno de ellos un joven en situación de calle, víctima de un intento de armado de causa— y agresiones a periodistas y observadores de derechos humanos. “Un integrante de nuestro equipo también fue alcanzado por gases lacrimógenos”, relató.

Además, el referente de la CPM alertó sobre la presencia de efectivos policiales infiltrados, sin identificación, en las manifestaciones: “No hay ninguna hipótesis legal que justifique su presencia de civil en este contexto. Los hemos visto filmar manifestantes y luego conversar con efectivos uniformados, lo que demuestra que son parte del operativo”.

Sobre el trasfondo de estos episodios, el organismo de derechos humanos advierte un patrón preocupante: “Desde diciembre de 2023, el estado ha pasado de contener las manifestaciones a directamente intentar impedirlas. Ya no se trata de ordenar la protesta, sino de reprimirla de forma sistemática y con una violencia creciente”, apuntó Pomares.

Finalmente, cuestionó el uso discrecional de filmaciones e inteligencia ilegal sobre manifestantes: “Nadie explica qué se hace con esas imágenes. Tenemos la sospecha de que se procesan dentro del ministerio de Seguridad como base de datos para controlar a quienes participamos de estas manifestaciones, incluso fuera de cualquier causa judicial”.

“La represión del miércoles no fue un hecho aislado. Lo grave es que se ha vuelto una política de estado”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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