Condenado por abuso sexual y extorsión, el gobierno de Axel Kicillof pagará una indemnización millonaria

Una nueva sentencia judicial vuelve a poner en el centro de la escena a la Policía Bonaerense. Esta vez, no hay dudas: la Justicia provincial acaba de condenar a la administración de Axel Kicillof a pagar una millonaria indemnización a una vecina de Ingeniero Budge, víctima de secuestro, extorsión y abuso sexual por parte de agentes policiales en funciones.

Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2016, cuando EJLH, una trabajadora de la feria “El Olimpo”, fue abordada por tres efectivos que la subieron a un patrullero sin orden judicial alguna. La trasladaron a la comisaría décima de Lomas de Zamora, donde el subcomisario Eliazar Beckman, en connivencia con otros oficiales, la mantuvo ilegalmente detenida, la golpeó y abusó sexualmente de ella en un altillo de la dependencia. La víctima relató que los uniformados le exigían una “cuota” de 5 mil pesos semanales para permitirle seguir trabajando en la feria. Las amenazas incluyeron frases como “no vas a salir viva de acá”.

A pesar de la gravedad de lo denunciado, la causa penal llevó años. Beckman fue condenado en 2019 a siete años de prisión por abuso sexual simple agravado, extorsión y privación ilegal de la libertad, y el oficial Gerardo Daniel Ibarra recibió una pena de cuatro años. Las sucesivas apelaciones y recursos por parte de la defensa retrasaron la firmeza del fallo hasta noviembre de 2021.

La víctima llevó el caso al fuero contencioso administrativo. El expediente 30850, tramitado en el Juzgado Nro. 4 de La Plata, concluyó este 15 de mayo de 2025 con una sentencia que obliga al gobierno de Axel Kicillof a indemnizarla con 10 millones de pesos en concepto de daño psicológico, tratamiento terapéutico y daño moral.

La jueza María Ventura Martínez rechazó todos los planteos del ministerio de Seguridad y recordó que el estado es responsable directo por los delitos cometidos por sus fuerzas de seguridad en funciones, especialmente cuando se trata de abusos con perspectiva de género y víctimas en situación de vulnerabilidad.

El fallo deja claro que la violencia institucional no es solo una denuncia en los medios o una estadística en los informes de derechos humanos. Es una realidad que destruye vidas. Y ahora, también, es una deuda que deberá pagar el estado provincial con recursos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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