OPNyA: Esposas y candados para contener una crisis que desborda

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y liderado por Andrés "Cuervo" Larroque, atraviesa la peor crisis desde su creación. En medio de una escalada de fugas, denuncias por abusos, intentos de suicidio y condiciones de encierro alarmantes en los centros de detención juvenil, la respuesta del gobierno bonaerense fue destinar más de 65 millones de pesos en la compra de esposas, candados y otros elementos de sujeción.

En una provincia que alberga a más de 5 millones de niños y adolescentes, donde los derechos fundamentales -educación, salud, contención, juego y protección- deberían ser la prioridad, el panorama es desolador. Lejos de consolidarse como un organismo garante de derechos, el OPNyA parece haberse transformado en una estructura represiva, desbordada y sin rumbo.

Una administración bajo fuego

El procedimiento administrativo 550-5687-PAB25 fue iniciado tras un hecho que condensó el colapso estructural: se estima que, al menos, un menor se fuga por día de los centros bajo la órbita del organismo. La ausencia de estadísticas oficiales y auditorías públicas impide corroborar esta cifra, pero los testimonios de trabajadores, familiares y fuentes judiciales coinciden en ese promedio.

Un episodio reciente en el centro de recepción Eva Perón, en el predio de Nueva Esperanza, reflejó con crudeza la situación. Un incendio iniciado por los propios internos dejó a dos adolescentes con intoxicaciones graves, y expuso las condiciones inhumanas de reclusión: dieciocho jóvenes conviven en un espacio diseñado para doce, mezclados sin criterio entre condenados y procesados, en flagrante violación de los principios básicos del sistema penal juvenil.

Días antes, un video filtrado desde el instituto Aráoz Alfaro, en La Plata, mostró a dos jóvenes golpeando brutalmente a un menor recién ingresado, en lo que fuentes del personal describieron como un "rito de iniciación" naturalizado por las autoridades del centro. La dirección no ofreció explicación alguna y el silencio institucional fue absoluto.

Personal en situación límite

Los trabajadores del sistema denuncian desde hace meses una realidad insoportable: salarios por debajo de la línea de pobreza, estrés extremo, condiciones laborales insalubres y un régimen horario que fue modificado de manera compulsiva —de 24x72 a 12x36—, lo que duplicó la carga laboral sin ningún tipo de compensación salarial. Las renuncias, muchas de ellas en bloque, no tardaron en llegar.

El caso del centro de Pablo Nogués es quizás el más gráfico del colapso: en una misma semana, cuatro menores intentaron suicidarse por ahorcamiento. En el módulo, apenas tres trabajadores están a cargo de veinticinco internos. Las denuncias internas hablan de tortura, hostigamiento y abandono. Un sistema sin salida que, antes que contener, reproduce y profundiza la violencia.

Ese centro, recientemente reabierto tras una inversión de 194 millones de pesos en reformas superficiales, no cuenta con equipo técnico profesional ni protocolos de emergencia eficientes. Su anterior directora, Patricia "Chueca" Vázquez, dejó el cargo luego de tres fugas consecutivas y una lluvia de denuncias. Su reemplazo es Diego “Colo” Rodríguez, señalado por incompatibilidades funcionales, junto a Juan Storino, sobre quien pesan acusaciones por violencia de género y precarización laboral.

A poco de asumir, Rodríguez ya sumó diez fugas. En una jornada, siete jóvenes escaparon tras cortar un barrote del patio. Al día siguiente, otros tres repitieron el método. “Igual que nuestro aumento”, ironizaron los trabajadores en referencia al reciente anuncio oficial: un incremento salarial escalonado del 10 por ciento (6 en mayo y 4 en julio), considerado irrisorio frente a la magnitud del conflicto. 

El ministro ausente

El ministro Larroque, quien traicionó a La Cámpora para apostar a la candidatura presidencial de Axel Kicillof y es el responsable máximo del OPNyA, se mantiene alejado de las cámaras y elude los reiterados pedidos de informe elevados por la oposición en la Legislatura bonaerense. En el terreno, mientras tanto, el contraste entre las promesas de gestión y la realidad cotidiana se vuelve grotesco.

En ese marco, los trabajadores del sistema —sostenes invisibles de una estructura que cruje— son los más castigados. Nombrados para ejercer tareas consideradas por leyes nacionales e internacionales como "penosas", deberían gozar de estabilidad, exclusividad laboral y remuneraciones acordes. Nada de eso ocurre.

Consultado por REALPOLITIK, Pablo Lenz, secretario de Minoridad del Sindicato de Trabajadores Auxiliares No Docentes, Administrativos y Minoridad (STANDAYM), fue contundente: “La deuda histórica es hacia los trabajadores de minoridad. Tanto el poder ejecutivo como el legislativo descansan sobre nuestras espaldas: custodiamos, implementamos medidas socioeducativas, y muchas veces actuamos como fuerzas de seguridad, bomberos, paramédicos o psicoanalistas". "Sin embargo, cada vez enfrentamos mayor precariedad, y padecemos la violencia de menores delincuentes dos veces: como ciudadanos y en nuestro trabajo. Ningún sistema puede funcionar sin trabajadores en condiciones dignas. Somos la columna vertebral, irreemplazables por experiencia y formación. La gestión Kicillof - Larroque ha llevado nuestra situación a límites impensados, con la complicidad de cúpulas sindicales que decidimos enfrentar”, añadió.

Motín, violencia y fuga

Al cierre de esta edición, REALPOLITIK confirmó un motín de extrema gravedad en el Centro de Recepción Abasto. Según testimonios del personal, el incidente comenzó cuando dos jóvenes simularon descompostura desde su celda. Al ingresar los asistentes, los atacaron: a uno lo sujetaron del cuello con una faca, a otro le provocaron una herida cortante en la mano —que requirió sutura— y un traumatismo en la cabeza, mientras el tercero sufrió múltiples golpes y un esguince.

En la celda había siete adolescentes y solo tres asistentes. Los dos agresores tomaron como rehenes a los trabajadores, exigieron que se abriera la puerta de salida al perímetro, y se fugaron. Ambos, de dieciséis y dieciocho años, fueron recapturados horas después y trasladados al instituto Aráoz Alfaro.

El centro de recepción Abasto cuenta con apenas dos o tres asistentes por guardia, para una población de veinte jóvenes distribuidos en tres celdas. La precariedad y el hacinamiento ya no son episodios aislados: son la regla.

La fractura expuesta del sistema de niñez en Buenos Aires no admite eufemismos. Lo que debería ser una red de cuidado y reparación se ha convertido en un dispositivo punitivo y decadente. Y mientras los adolescentes sufren y los trabajadores resisten, la respuesta del estado es invertir en candados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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