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Cabe recordar que el Estado argentino ya reconoció la ocupación tradicional del Lof Quintriqueo, otorgándole personería jurídica y validando un relevamiento territorial a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23.
El conflicto territorial que mantienen las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura tuvo un nuevo capítulo ayer, cuando se cumplió el plazo fijado por el juez subrogante Diego Bonorino para que abandonen un predio en disputa. Sin embargo, la orden de desalojo fue suspendida luego de una intervención oficial del Ministerio de Gobierno de Neuquén, que solicitó dejar sin efecto la medida judicial y abrir una mesa de diálogo para encontrar una solución pacífica.
El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmó una nota en la que advirtió que ejecutar el desalojo violaría la Ley Provincial 2302, que protege a grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas mayores, exigiendo además medidas previas de contención antes de tomar acciones que afecten a estas poblaciones.
En respuesta a la orden, los miembros de las comunidades mapuches bloquearon el ingreso al predio cerrando las tranqueras para impedir el desalojo. Asimismo, responsabilizaron públicamente al Poder Judicial y al Ejecutivo provincial por las posibles consecuencias de una intervención forzada.
El abogado que representa a las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, denunció que la orden judicial se dictó sin respetar la Ley 2302 ni convocar a una instancia previa de diálogo. Por ello, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se ha expedido.
Cabe recordar que el Estado argentino ya reconoció la ocupación tradicional del Lof Quintriqueo, otorgándole personería jurídica y validando un relevamiento territorial a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23.
El gobierno provincial reiteró su disposición para facilitar un espacio de diálogo entre las partes, tanto al abogado de la comunidad como al de la denunciante. El documento oficial, fechado el 16 de mayo, señala: “Se reitera la disposición para sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación de forma pacífica”.
Por otra parte, miembros de la comunidad recibieron el llamado del subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, quien reafirmó la voluntad del Ejecutivo de evitar una escalada del conflicto y avanzar hacia una solución pacífica e institucional.
El ministro Tobares había ofrecido previamente, el 13 de mayo, la intervención de la Subsecretaría de Gobierno como instancia facilitadora en el marco del expediente iniciado por el abogado Guillermo Hensel, y reiteró esta propuesta el 16 de mayo, instando a abrir formalmente un espacio de diálogo entre las partes involucradas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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