Asuntos Agrarios: El gobierno bonaerense trabaja junto a un polémico influencer ambientalista

Los escándalos en la gestión de Axel Kicillof no se detienen. Esta vez, el foco está en la dirección provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, dependiente del ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, cuya directora, la abogada Marina De Sousa, impulsa un convenio con un polémico influencer ambientalista

Fernando Pieroni es titular de una ONG que no existe en registros oficiales. Lo que se presenta como un vínculo “para salvar animales” pareciera, en realidad, una alianza que encubre operaciones ilegales y fomenta el tráfico de fauna silvestre.

Pieroni, más conocido en redes por su ONG Planeta Vivo, no está inscripto en el Registro Público Nacional de Operadores de Fauna Silvestre, ni tampoco en el Registro Provincial de Establecimientos. Es decir: opera completamente por fuera de la ley. A pesar de eso, De Sousa lo impulsa como parte de la gestión oficial, ignorando sumarios administrativos, causas penales y multas millonarias.

Una gestión para pocos 

Mientras refugios legalmente constituidos deben pelear con uñas y dientes por subsidios mínimos y autorizaciones interminables, la gestión del ministro Javier Rodríguez busca premiar con un convenio oficial a un operador denunciado. En 2024, Pieroni fue sancionado por el gobierno nacional con una multa de 850 mil pesos por transportar animales sin autorización. Pese a eso, no regularizó su situación ni presentó la documentación obligatoria para el manejo de fauna.

El caso más llamativo es el de una puma cachorra “rescatada” por su fundación en la localidad de Henderson. La operación fue difundida como un trabajo conjunto entre la ONG y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que la cría lleva cuatro meses creciendo en condiciones presuntamente inadecuadas en el Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), sin que se haya definido su destino ni garantizado su bienestar. Trabajadores conocedores del caso aseguran que el animal fue intercambiado con el aval de Marina De Sousa en la rotonda de alpargatas, como si se tratara de una bolsa de papas.

La puma cachorra que fue “rescatada” en la localidad de Henderson.

La puma cachorra que fue “rescatada” en la localidad de Henderson.

Violencia, difamación y ataques a funcionarios públicos

Pieroni no solo elude la ley: también ataca a quienes intentan aplicarla. En diciembre de 2024, tras recibir la notificación oficial de la sanción impuesta por la Brigada de Control Ambiental (BCA), Pieroni utilizó su cuenta de Instagram —con más de 370 mil seguidores— para insultar y difamar al personal del organismo. Los calificó de “inútiles”, “imbéciles” e “inoperantes” y los acusó de actuar con fines recaudatorios.

No fue la primera vez. Ya en 2023 había lanzado ataques similares cuando fue interceptado transportando un oso pardo, un mono caí y una tortuga de laguna sin las guías legales correspondientes. Los episodios generaron una ola de hostigamiento en redes contra los inspectores de la BCA, al punto que el ministerio tuvo que emitir un comunicado oficial aclarando los hechos.

Marina De Sousa, directora de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales.

¿Quién protege a quién?

La pregunta de fondo no es menor: ¿Por qué una funcionaria del gobierno provincial protege a un operador sancionado, sin registro, sin permisos, denunciado por maltrato animal y por campañas de difamación contra organismos públicos? ¿Con qué criterio se promueve institucionalmente a alguien cuyo accionar está en las antípodas de cualquier política seria de conservación de fauna?

Mientras Pieroni opera sin control y con aval político, los animales quedan atrapados en un limbo legal y físico, sin garantías de bienestar, y los verdaderos rescatistas legales, los que cumplen con la normativa y se endeudan para alimentar a sus animales, quedan al margen.

Este no es un caso aislado. Es una radiografía más del estado bobo, donde la legalidad molesta, la truchada se premia, y la gestión VIP se codea con el manejo irregular de animales bajo el disfraz del “rescate”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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