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La resolución judicial también podría sentar precedente para otros casos similares: en los últimos meses, también fueron intervenidos los PJ de Jujuy y Misiones, medidas que ahora podrían correr la misma suerte si se judicializan.
En un duro revés para el Consejo Nacional del Partido Justicialista y, en particular, para el sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini declaró nula la intervención del PJ de Salta. La magistrada consideró que la medida tomada el pasado 24 de febrero fue arbitraria, careció de sustento legal y violó la autonomía institucional del distrito.
La intervención había desplazado a las autoridades elegidas democráticamente en 2023, encabezadas por Esteban Amat Lacroix, para poner en su lugar a Sergio Berni y María Luz Alonso, bajo el pretexto de “ordenar” la vida interna del partido salteño. Sin embargo, según el fallo, no existió causa justificada ni competencia del Consejo Nacional para tomar semejante decisión, que debió haber sido tratada por el Congreso Nacional partidario.
“No se advierte la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”, sostuvo Servini en su dictamen. Para la jueza, el accionar del Consejo obedeció más a una maniobra de disciplinamiento político que a una preocupación real por la institucionalidad.
De hecho, los argumentos esgrimidos por el órgano nacional —relacionados con votos disidentes de legisladores salteños en el Congreso— fueron descartados por la magistrada como causales válidas para avanzar sobre la conducción partidaria local. “La intervención respondió a motivaciones políticas oscuras”, había denunciado Amat Lacroix en su presentación judicial.
La intervención del PJ de Salta por parte del PJ Nacional salió mal. pic.twitter.com/y2HeHasteG
— Ма́ршал Данило ЗВ (@CoupeFuego_) May 20, 2025
El fallo, que ya fue notificado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta, restituye a las autoridades electas para el período 2023-2027 y deja en evidencia la creciente tensión interna dentro del peronismo, donde la conducción central busca someter a los distritos díscolos a través de la imposición de interventores designados “a dedo” desde Buenos Aires.
En este contexto, cobra fuerza la hipótesis de una intervención no sólo inconsulta sino también orientada a controlar las alianzas y la designación de candidaturas locales de cara a los próximos turnos electorales. Una lógica verticalista que parece haber encontrado su límite en la Justicia.
La resolución judicial también podría sentar precedente para otros casos similares: en los últimos meses, también fueron intervenidos los PJ de Jujuy y Misiones, medidas que ahora podrían correr la misma suerte si se judicializan.
Por lo pronto, resta saber si el PJ Nacional apelará la decisión o si optará por reabrir el diálogo con las dirigencias provinciales que han demostrado autonomía y resistencia a los lineamientos porteños.
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