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La Legislatura aprobó una nueva Ley Electoral Transitoria con apoyo cruzado, pero evitó tratar el pedido de desafuero de Fernando Españón, legislador del oficialismo señalado por abuso sexual y de autoridad.
En una jornada legislativa extensa y cargada de tensiones, la Legislatura de Santa Cruz aprobó este miércoles la esperada Ley Electoral Transitoria propuesta por el Ejecutivo de Claudio Vidal. El proyecto, que reemplaza el vacío legal dejado por la derogación de la polémica Ley de Lemas, fue finalmente aprobado tras intensas negociaciones y con modificaciones clave. Sin embargo, el mismo cuerpo legislativo evitó avanzar en el pedido de desafuero del diputado oficialista Fernando Españón, acusado de delitos graves.
El nuevo marco legal, que tendrá vigencia por 18 meses, introduce cambios significativos en la organización de los comicios locales, como la implementación de la Boleta Única de Papel y la elección por simple pluralidad de sufragios para cargos ejecutivos provinciales y municipales. También se establece la participación del Consejo de la Magistratura en los procesos electorales, en una medida que busca dar mayor transparencia a la contienda política.
A pesar del aparente consenso y de los avances institucionales, la Legislatura volvió a mostrar su costado más opaco: la sesión extraordinaria convocada para tratar el desafuero del legislador Fernando Españón, del bloque oficialista Por Santa Cruz, fracasó por falta de quórum. El diputado enfrenta acusaciones por abuso de autoridad y abuso sexual simple en tres hechos, bajo la modalidad de coacción dentro de relaciones de dependencia laboral.
El pedido de desafuero había sido enviado por la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial bajo las causas caratuladas 8357/24 y 8516/24. Sin embargo, la bancada que responde al gobierno de Vidal optó por el ausentismo estratégico, evitando así que se habilitara el tratamiento del expediente. Esta maniobra se repite por segunda vez y genera cada vez más repudio en sectores sociales y políticos que reclaman celeridad judicial y compromiso institucional con las víctimas.
La contradicción es evidente: mientras el gobierno provincial celebra la modernización del sistema electoral y llama a la transparencia, permite al mismo tiempo que un legislador acusado de delitos sexuales conserve sus fueros y siga en funciones.
La sesión del miércoles dejó un sabor amargo. Por un lado, se avanzó en el diseño de nuevas reglas de juego para la democracia local. Por el otro, se retrocedió en el compromiso con los derechos humanos y la rendición de cuentas. La justicia tendrá que seguir esperando. Y Caspalá no es la única que aguarda reparación. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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