Litio con beneficios exclusivos: Sáenz celebra el primer proyecto minero aprobado por el RIGI

En medio de cuestionamientos crecientes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró públicamente la aprobación del primer proyecto minero del país bajo ese esquema, a cargo de la multinacional Rio Tinto, en el Salar de Rincón, departamento Los Andes.

“Desde el Norte, Salta se consolida como líder en minería responsable”, aseguró Sáenz, destacando la generación de empleos y la promesa de crecimiento económico para la provincia. Sin embargo, mientras el mandatario salteño aplaude la llegada de dólares, organizaciones ambientales, comunidades originarias y sectores académicos alertan por las consecuencias a largo plazo de estos acuerdos que garantizan beneficios fiscales, libre disponibilidad de divisas y escasos controles por 30 años.

El proyecto, que prevé una inversión de 2.700 millones de dólares para alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales de litio grado batería, es el primero del sector minero aprobado dentro del RIGI. La empresa proyecta construir una planta procesadora en plena Puna salteña a partir de este año.

Rio Tinto —la segunda minera más grande del mundo— se consolida como un actor dominante en el negocio del litio argentino, tras haber adquirido a Acardium Lithium y operar ya dos de los seis proyectos en producción en el país. Su expansión en Salta, celebrada en el marco de la feria ArminerA, representa también un símbolo de la profundización del modelo extractivista en el norte argentino.

El costo invisible del "progreso"

Aunque el gobierno provincial resalta la generación de empleo y el ingreso de divisas, los cuestionamientos apuntan a los impactos ecológicos de la megaminería, especialmente en zonas como el Salar de Rincón, donde el equilibrio hídrico es frágil y la explotación del litio implica el uso intensivo de agua, recurso escaso en la región.

Además, las condiciones del RIGI permiten a empresas como Rio Tinto repatriar utilidades sin restricciones, importar bienes sin aranceles y eludir regulaciones locales, debilitando la capacidad del Estado para incidir en el control de los recursos estratégicos.

Desde comunidades indígenas y asambleas ciudadanas hasta sectores de la oposición han cuestionado la “entrega del litio” bajo un régimen que aseguran pone al país al servicio de los intereses de grandes corporaciones. En ese marco, lo que el gobernador Sáenz celebra como un hito histórico, otros lo leen como una señal de alarma sobre la soberanía, el ambiente y el futuro económico de la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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