NRG, una bomba de tiempo en Río Negro: Despidos, sueldos impagos y una causa judicial por contrabando

La empresa NRG Argentina, asentada en el Parque Industrial de Allen desde 2018 y especializada en el tratamiento de arenas para la industria del fracking, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Este mes despidió a 42 trabajadores sin pagarles la indemnización correspondiente, profundizando un conflicto laboral que ya acumula meses de tensión y promesas incumplidas.

Los despidos se realizaron el pasado 9 de mayo, y aunque la empresa prometió regularizar los pagos en la semana del 26, hasta ahora no hubo avances ni anuncios formales. Los ex trabajadores denuncian incertidumbre total y abandono, mientras desde la compañía hablan de una "crisis muy profunda", pero sin ofrecer soluciones concretas.

La situación no es nueva. En diciembre pasado, NRG ya había dejado en la calle a 180 empleados, justificándose por una caída en la demanda de arena para la explotación en Vaca Muerta. La dinámica empresarial parece girar en torno a la volatilidad del mercado, pero la variable de ajuste siempre termina siendo el trabajador.

A comienzos de mayo, la Secretaría de Trabajo de Río Negro debió intervenir ante el retraso en el pago de sueldos de abril. La UOCRA, sindicato que representa al sector, respondió con un paro y bloqueó el acceso a la planta. Pero los reclamos gremiales tampoco encontraron eco firme en las autoridades, que parecen limitarse a administrar el conflicto sin exigir respuestas estructurales.

Sin embargo, el presente laboral de NRG no es el único punto oscuro de su historia. En 2022, fue denunciada penalmente por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, por contrabando agravado y sobrefacturación de importaciones por más de 10 millones de dólares. La causa, radicada en el Juzgado Penal Económico N° 2, detalló 132 operaciones sospechosas, la mayoría con una firma vinculada del exterior.

La denuncia incluyó el pedido de intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el FinCen estadounidense, dejando al descubierto una red de operaciones presuntamente fraudulentas con ramificaciones internacionales. Los accionistas al momento de la investigación eran Damián Strier, Óscar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio y Pablo Marull, empresarios que hasta hoy evitan toda exposición pública, mientras los trabajadores enfrentan la angustia de no saber si cobrarán lo que les corresponde por ley.

NRG se ha convertido así en una bomba de tiempo social, laboral y judicial, que opera al amparo de un modelo extractivo que privilegia ganancias rápidas, precarización y opacidad financiera. La pregunta que nadie responde es: ¿cuántos más deberán perder su sustento antes de que el Estado actúe con firmeza? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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