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El abogado penalista Gonzalo Escaray dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y se refirió al reciente escándalo en torno al juicio por el homicidio de Diego Armando Maradona, que involucra a la jueza Julieta McIntosh, una productora audiovisual y figuras de alto perfil como el exrugbier Agustín Pichot.
Gonzalo Escaray aseguró que en el juicio “hay personas que están desde la primera audiencia presenciando el juicio, pero en realidad grabando, es decir, tomando imágenes para un documental”. La situación escaló cuando trascendió que existiría una presunta vinculación directa entre estas personas y la propia magistrada que preside el tribunal. “Incluso se habla que el documental se llamaría La jueza de Dios”, agregó el letrado.
Según explicó, “una de las personas es el particular dueño de la productora”, y ya “se ordenaron allanamientos” a raíz de esta situación. La empresa audiovisual en cuestión es PEGSA, cuyo titular sería Juan Makintach, hermano de la jueza, y que tendría como figura vinculada a Agustín Pichot. “No sabía que era de Pichot, pensé que estaba en otras cosas”, reconoció Escaray, aunque aclaró que aún no está claro si el exjugador está involucrado directamente: “Por ahí es un inversionista y no estaba al tanto de esta movida, o por ahí sí. No lo sabemos”.
Lo que genera mayor preocupación en el ámbito judicial es que los supuestos camarógrafos habrían ingresado al juicio argumentando estar autorizados por la magistrada. “La sospecha es que podría haber una sobreactuación por parte de la jueza, que esté direccionando las preguntas e incluso lo que se resuelva en pos del documental y del show”, advirtió Escaray. Esto, lógicamente, pone en jaque la imparcialidad del proceso: “Eso afectaría gravemente la objetividad que debe tener la jueza”.
El abogado también anticipó las consecuencias judiciales que podría traer este escándalo: “Todo hace indicar que ahora, cuando se reanude el juicio la semana que viene, la jueza se va a apartar de la causa. Y lo que seguramente ocurra es que se tenga que iniciar el debate oral de nuevo”.
Este reinicio, subrayó Escaray, implicaría repetir testimonios, pruebas y diligencias clave que ya se habían desarrollado. “Ya ha pasado en otros casos mediáticos. Recuerdo el de María Soledad Morales en los 90. Allí también se tuvo que rehacer todo el juicio oral por irregularidades”.
Por último, el abogado cuestionó las falencias del sistema judicial en prevenir este tipo de situaciones: “Tendrían que haber previsto que era muy posible que se tomen imágenes. Sobre todo en una causa que la sigue todo el país y cuyos resultados observa el mundo entero”. También reveló que entre los supuestos camarógrafos había “uno que ingresaba con anteojos negros siempre” y que se sospecha que grababa con una cámara oculta. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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