Periodista denunció al ministerio de Trabajo y al intendente de Villa Gesell

Gerardo Tavarone, periodista de Villa Gesell y fundador del portal Sector Informativo, denunció ante las autoridades del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires una grave situación de persecución y violencia institucional. Según se desprende de su testimonio y documentación oficial, fue trasladado arbitrariamente a otra ciudad como castigo por su labor periodística crítica con la gestión del intendente de la municipalidad de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

A partir de diversas publicaciones e investigaciones sobre irregularidades en el distrito, Tavarone comenzó a sufrir represalias en su otro ámbito laboral: el estado provincial.

Tavarone trabaja hace veinte años en el ministerio de Trabajo bonaerense, en calidad de planta permanente. Sin embargo, denuncia que por orden del intendente Barrera, y en connivencia con autoridades del ministerio, que conduce Walter Correa, fue trasladado sin justificación desde su puesto en Villa Gesell a la oficina de Pinamar, a 30 kilómetros de distancia, sin asignación de viáticos ni compensaciones. “Yo solo fui trasladado, a pesar de que en la oficina somos cuatro. El delegado me dijo que era por las notas que escribo. No pueden echarme, pero buscan cansarme”, explicó.

El ida y vuelta entre el estado provincial y el trabajador.

Ante esta situación, Tavarone presentó una denuncia formal por violencia laboral, a la que accedió este medio, en la que detalla el hostigamiento sufrido. Sin embargo, la respuesta oficial del jefe de Personal del ministerio fue tan cínica como preocupante: le informaron que ese no era el lugar indicado para realizar la denuncia, pero jamás le indicaron cuál era el canal correcto.

“Soy empleado del ministerio de Trabajo, la supuesta ‘casa de los trabajadores’, y tengo que denunciar a ese mismo ministerio por violencia laboral y persecución política. Me quemaron tanto la cabeza que estoy con licencia médica. Me empujaron a eso”, afirmó el periodista.

La denuncia presentada por el periodista gesellino.

Los documentos oficiales intercambiados entre Tavarone y las autoridades del ministerio confirman los traslados, la negativa de otorgar viáticos y las evasivas para canalizar su reclamo, lo que refuerza la denuncia de un mecanismo de persecución amparado en estructuras del estado.

Este caso abre un interrogante más amplio sobre la convivencia entre el poder político local y el provincial, y sobre cómo la gestión de Axel Kicillof utiliza recursos estatales para silenciar voces disidentes en medios de comunicación. En pleno siglo XXI, y en un gobierno que se jacta de defender los derechos laborales, la situación de Tavarone es un preocupante ejemplo de censura encubierta y abuso de poder. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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