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La Justicia de Santa Cruz dictó un fallo que representa un fuerte revés para el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Gobierno de Claudio Vidal.
La Justicia de Santa Cruz dictó un fallo que representa un fuerte revés para el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Gobierno de Claudio Vidal. El juez Marcelo Bersanelli, titular del Juzgado Civil N° 1 de Río Gallegos, hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Valdocco y ordenó restablecer las carreras técnicas arbitrariamente eliminadas en el colegio secundario “Nuestra Señora de la Patagonia” en El Calafate.
La sentencia declara nulo el polémico Acuerdo 265/2024 del CPE que había dejado sin efecto las tecnicaturas en “Lenguaje Artístico Combinado y Música Popular” y “Deporte, Tiempo Libre y Recreación”, bajo el argumento de que no contaban con reconocimiento nacional. El fallo también ordena al Estado provincial retomar el pago de los salarios docentes y la provisión de alimentos para estudiantes en situación de vulnerabilidad, que había sido suspendida, afectando a hogares gestionados por la fundación en Cañadón Seco y El Calafate.
El conflicto, que se arrastra desde fines de 2024, estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. La Fundación Valdocco, encabezada por el sacerdote y ex funcionario nacional Juan Carlos Molina, denunció en su momento una persecución con tintes ideológicos, apuntando directamente a la gestión provincial. “Las tecnicaturas no eran un capricho del cura, sino una necesidad para que haya futuro”, expresó Molina en una carta pública tras conocerse el fallo. “La pelea no terminó, sigue en el ámbito judicial y también en el social”.
El juez Bersanelli instruyó además al CPE a no modificar la planta docente ni limitar la liquidación de haberes bajo sospechas de supuestas irregularidades que “no fueron comprobadas”, marcando un freno a los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar el recorte.
Cabe destacar que una medida cautelar dictada en 2024 ya había impedido al Ejecutivo avanzar sobre la eliminación de las tecnicaturas, permitiendo que el ciclo lectivo 2025 se iniciara con los trayectos intactos, aunque sin financiamiento oficial. Fue la propia Fundación Valdocco la que debió sostener el funcionamiento institucional, incluyendo los salarios docentes.
Por su parte, el Gobierno provincial había sostenido públicamente que la decisión de cierre respondía a falta de transparencia y presuntas irregularidades administrativas, lo que dio lugar a una denuncia penal aún en trámite. Sin embargo, el fallo judicial actual representa un fuerte cuestionamiento al manejo del Ejecutivo en materia educativa y social.
Mientras tanto, la comunidad educativa celebra la decisión como una victoria de la lucha colectiva, aunque advierte que el conflicto está lejos de cerrarse. La Fundación, las familias y los estudiantes ahora exigen que el Estado cumpla con la sentencia y garantice condiciones dignas para el derecho a la educación. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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