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La recusación a la jueza Julieta Makintach en el caso por la muerte de Diego Maradona reabrió el debate sobre el rol de la justicia en causas altamente mediáticas. El abogado Darío Saldaño analizó el trasfondo de la controversia, la legitimidad de su designación como jueza subrogante y el impacto político y social que ha generado la causa.
Julieta Makintach fue asignada por sorteo para completar el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que juzga la muerte de Diego Armando Maradona. Originalmente, la magistrada pertenece al Tribunal N°2, pero al faltar un vocal, la Cámara de Apelaciones decidió su integración al tribunal por sorteo. “Es un mecanismo habitual, no hay ninguna irregularidad en ese procedimiento”, explicó Darío Saldaño, quien fue compañero de posgrado de la jueza en España y mantiene contacto frecuente con ella.
Sin embargo, su participación en una serie documental vinculada al juicio —filmada en paralelo a la causa— encendió la polémica. Fotografías en traje de baño, el supuesto cobro a camarógrafos y la sospecha de una sentencia "preestablecida" generaron un escándalo mediático que derivó en su recusación por parte de algunas defensas.
“Estamos hablando de un juicio con una carga simbólica enorme, con una presencia mediática avasallante que, muchas veces, distorsiona lo jurídico”, sostuvo Saldaño. En ese contexto, cuestionó la atención desproporcionada que recibió la figura de la jueza: “Hubo más preocupación por la bikini de Makintach que por esclarecer la muerte de Maradona”.
Desde el punto de vista técnico, el abogado fue claro: “La recusación es un mecanismo procesal, no sancionatorio. Si una parte considera que un juez ha perdido objetividad, puede pedir su apartamiento. Pero eso no significa que haya delito ni nulidad del juicio”. Y agregó: “Las decisiones del tribunal son colegiadas, no personales. No se puede anular todo un proceso por una conducta ajena al expediente y que ni siquiera afectó el desarrollo de las audiencias”.
Consultado sobre el contenido del documental, Saldaño remarcó que no se trató de una producción comercial impulsada por la jueza, sino de una iniciativa personal de una amiga de la infancia. “No hay plata de por medio. Fue más una cuestión íntima que otra cosa. La figura de la jueza fue recortada y expuesta de manera sexista. Hay una fuerte carga de misoginia en el tratamiento que se le dio al tema”, denunció.
Pese a esto, ya existen al menos tres pedidos de juicio político contra la magistrada. “Eso ya escapa al análisis jurídico. El juicio político, por definición, es político y partidario. No creo que haya elementos para una condena penal ni de enjuiciamiento. Podrá discutirse una falta administrativa, pero nada más”, evaluó el abogado.
En un contexto de crisis estructural en la justicia bonaerense, con vacantes sin cubrir y causas estancadas, Saldaño llamó a no desviar el foco. “Estamos ante una causa histórica, que debería servir para revisar responsabilidades médicas, no para deslegitimar a una jueza por su vida privada. El objetivo debe seguir siendo la verdad”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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