Santa Cruz: Acusan intento de politización de la Justicia en El Chaltén por limitar el mandato del juez

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de El Chaltén encendió la alarma en el ámbito judicial de Santa Cruz. La iniciativa, impulsada por los ediles Carlos “Tico” y Estefanía Leyes, propone establecer un plazo de seis años para el cargo de juez de Faltas, eliminando la actual inamovilidad. La reacción no se hizo esperar: la Asociación de Jueces y Secretarios de la Justicia Municipal de Faltas de Santa Cruz lo calificó como un “ataque a la institucionalidad”.

Desde la asociación advirtieron que la propuesta no solo vulnera principios fundamentales como la independencia judicial, sino que representa un intento claro de subordinar el Poder Judicial Municipal a intereses políticos locales. “Ningún juez tiene un cargo vitalicio, pero la inamovilidad garantiza su imparcialidad. Limitarla por mandato político es retroceder en materia democrática”, sentenció el presidente del organismo, Edgardo Pola.

El proyecto, que alega querer evitar “situaciones de privilegio”, fue duramente cuestionado por confundir —según el colectivo judicial— los conceptos de permanencia con perpetuidad. “Es un argumento endeble, sin fundamento jurídico claro y con una evidente intención de condicionar al poder de control”, señalaron los magistrados.

La polémica se debatió en las recientes Jornadas Provinciales de Justicia Municipal de Faltas en Los Antiguos, donde el rechazo al proyecto fue unánime. Además, se cuestionó el dictamen del asesor letrado del Concejo, Matías Schraer, acusado de emitir una opinión ambigua y funcional a la iniciativa.

Para los integrantes del ámbito judicial, esta modificación representa un quiebre en el equilibrio de poderes dentro del municipio, desconociendo tanto la autonomía municipal consagrada en la reforma constitucional de 1994 como el rol institucional del juzgado de Faltas como órgano de control. “Convertir al juez en un funcionario sujeto a revalidación política cada seis años distorsiona la esencia del cargo y mina su independencia”, afirmaron en un comunicado.

La Asociación finalizó su posicionamiento con una advertencia: imponer condiciones políticas a cargos que deben ser imparciales no solo afecta el debido proceso para los ciudadanos, sino que compromete seriamente la credibilidad de la Justicia municipal en su conjunto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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