El dueño de Blender y Carajo cerró una pauta de 108 millones con la Defensoría del Pueblo de Kicillof

En un contexto económico marcado por la recesión, los ajustes presupuestarios y el recorte de partidas esenciales, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, cerró una pauta publicitaria por 108 millones de pesos con el canal de streaming Blender, para difundir piezas institucionales en su canal de YouTube entre abril y diciembre de 2025.

El dato se desprende en la orden de publicidad Nro. 71/2025 (expediente 3333-508/2025), firmada el 31 de marzo, y refiere al contrato con Blender Media SA (CUIT: 30-71854737-3). El objeto de la pauta consiste en zócalos mudos de 10 segundos, rotativos, difundidos en la cuenta oficial del canal: youtube.com/@estoesblender. A pesar de que el expediente asegura que la empresa “reúne los requisitos necesarios” y que el monto se “encuadra en los principios de razonabilidad, economicidad y transparencia”, el número llama la atención frente a la difícil situación económica provincial, más por venir de un aliado del gobierno de Axel Kicillof.

Pero lo más llamativo es que Blender fue recientemente adquirido por el joven empresario Augusto Marini, CEO del holding CaleGroup. Marini también controla el canal de streaming Carajo, conocido por su línea editorial libertaria y su discurso de rechazo al gasto estatal, especialmente en medios de comunicación. El canal se presenta como uno de los más fervientes defensores del presidente Javier Milei, quien ha hecho del desfinanciamiento de la pauta oficial una bandera de gestión.

El multiempresario Augusto Marini, financista de los canales de streaming Blender y Carajo.

Así, la situación genera una paradoja: el mismo empresario que sostiene un medio que denuncia la existencia de pauta oficial, acepta una millonaria transferencia de fondos públicos para otro de sus medios.

Los libertarios, conducidos por un vidalista 

A esta contradicción se suma otro dato político: el actual presidente de Carajo SA es Enrique Saravi O'Keefe, un exfuncionario del ministerio de Justicia de la provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal, según el decreto 1375 del 2 de octubre de 2016, que logró proyectarse en la administración pública de la mano del entonces ministro de Justicia y actual socio, Gustavo Ferrari. Más aún, Saravi O’Keefe volvió a tener un contrato con el estado en 2022, en la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que mantuvo hasta mediados de 2023.

Mientras el oficialismo bonaerense asegura que la pauta se otorga en base a criterios técnicos y de transparencia, el contrato con Blender abre múltiples interrogantes: ¿Por qué una Defensoría necesita una pauta de 108 millones? ¿Cómo se justifica esta decisión mientras se reducen recursos en áreas críticas? ¿Y cómo encaja todo esto con el discurso anti-gasto público de los nuevos propietarios?

Las relaciones cruzadas entre medios, empresarios y funcionarios no son nuevas, pero este caso deja expuesta una incoherencia que va más allá del marketing político: es la convivencia entre el rechazo al estado y el cobro de sus fondos, una práctica que el discurso libertario dice combatir, pero que en los hechos parece replicar cada vez con más torpeza. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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