Avance inmobiliario en Costa Urbana: “Se llevan puestos los derechos de las familias de Rodrigo Bueno”

“El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) decidió desconocer un acta firmada con un vecino, que establecía que si el gobierno necesitaba relocalizar su depósito —parte de su emprendimiento gastronómico— debía otorgarle otro. Al no acatar una orden verbal de desalojo, entraron por la fuerza, rompieron candados, golpearon a personas y dañaron mercadería. Es la primera vez que se ve este nivel de violencia en un proceso de urbanización”, explicó Jonatan Baldiviezo.

El conflicto, que generó la reacción organizada del barrio y derivó en denuncias públicas y penales contra los funcionarios responsables, forma parte de una situación más amplia: “Hay un fenómeno generalizado. Muchos acuerdos alcanzados en la gestión anterior, como solución a la demolición de viviendas, no están siendo reconocidos por la actual gestión en el marco del ajuste. Jorge Macri ha decidido no invertir un peso más en urbanización, y eso implica dejar sin respuestas a cientos de familias”.

El abogado remarcó que el accionar del gobierno porteño va en contra de normativas vigentes: “La propiedad de una persona, su domicilio y su actividad comercial son inviolables. Si el estado considera que alguien no tiene derecho a estar allí, debe recurrir al Poder Judicial. No puede actuar por la fuerza como sucedió en este caso”.

Además, Baldiviezo vinculó la presión sobre el barrio Rodrigo Bueno con intereses inmobiliarios privados: “Este barrio está al lado de las 70 hectáreas conocidas como Ciudad Deportiva de Boca Juniors, que terminaron en manos de IRSA, donde se va a construir Costa Urbana, un nuevo Puerto Madero. El interés es avanzar sin obstáculos y sin una villa al lado que afecte el valor del emprendimiento. Pero en esa celeridad se están llevando puestos los derechos de las familias”.

En cuanto a las viviendas construidas en el marco del proceso de urbanización iniciado por ley, detalló que se entregaron alrededor de 1.600 unidades habitacionales en distintos barrios, aunque con calidad dispar: “Las peores fueron las de la ex Villa 31, hoy barrio Carlos Mujica, con serios problemas estructurales. Las mejores, en Playa de Chacarita, gracias a la fuerte participación vecinal y técnica que obligó al gobierno a rehacer los proyectos”.

Baldiviezo cerró con una reflexión sobre el contexto político actual: “Estamos viendo una forma de gobierno que busca imponer decisiones sin mediación institucional, sin respetar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni a la Justicia, utilizando la violencia para disciplinar. Eso es inaceptable en un estado de derecho”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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