Escándalo en Neuquén: 15 exfuncionarios a juicio por desviar más de $150 millones en planes sociales

El próximo 21 de julio comenzará uno de los juicios más esperados y escandalosos en la provincia de Neuquén: 15 imputados, entre ellos exfuncionarios de alto rango del Poder Ejecutivo, deberán responder ante la Justicia por integrar una asociación ilícita que desvió más de $150 millones de pesos destinados a planes sociales.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, reveló una trama de corrupción sistemática entre septiembre de 2020 y julio de 2022, en la que se habrían cometido al menos 9303 hechos de estafa, a través del cobro indebido de asignaciones sociales destinadas a personas en situación de desempleo.

Según la teoría de la Fiscalía, el esquema delictivo contaba con una estructura piramidal cuidadosamente organizada. En la cúspide se encontraban los entonces responsables del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo: Ricardo Soiza (director general de Gestión de Planes Sociales), Néstor Pablo Sanz (exdirector de Fiscalización), Marcos Ariel Osuna (exresponsable de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro del área) y Tomás Siengenthaler (excoordinador de Administración).

Estas personas están acusadas de haber liderado la organización, mientras que otras cumplían funciones complementarias, como la extracción de dinero en cajeros automáticos o el cobro de cheques a nombre de terceros, para luego entregar la recaudación a los cabecillas. Parte de estos implicados ya aceptaron su responsabilidad y cerraron acuerdos abreviados con condenas condicionales, reparación económica parcial o total, y donaciones a instituciones públicas.

El juicio, que se extenderá hasta septiembre, contará con más de 90 testigos y una logística judicial sin precedentes. Sin embargo, lo que más preocupa a los ciudadanos es el nivel de naturalización con el que operaban estos funcionarios, desviando fondos públicos con fines personales en uno de los contextos más delicados: el acompañamiento a sectores vulnerables.

Desde la Fiscalía de Estado se anticipó además que, más allá del proceso penal, se iniciarán reclamos en el fuero administrativo para recuperar lo defraudado. Pero las preguntas persisten: ¿cómo fue posible que una estructura semejante funcionara durante casi dos años sin ser detectada? ¿Qué controles fallaron? ¿Habrá más implicados?

Mientras tanto, la sociedad neuquina espera que la Justicia actúe con la contundencia que el caso merece, y que este proceso no termine, como en tantas otras ocasiones, en una condena simbólica y sin consecuencias reales para los responsables del saqueo del Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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