IOMA: Nuevas denuncias por violencia institucional sacuden a la regional Dolores

A pesar de las denuncias públicas, los amparos judiciales y los reclamos administrativos, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que conduce Homero Giles sigue sin intervenir frente a los casos de violencia laboral, desplazamientos arbitrarios y acoso de género en su delegación regional de Dolores. El director regional, Víctor Manuel Casanova, no sólo continúa en funciones, sino que mantiene y profundiza las prácticas abusivas con el aval del organismo y el silencio del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que encabeza Nicolás Kreplak.

Esta semana se sumaron nuevos elementos que agravan el escándalo. Entre ellos, el testimonio de Araceli Ramírez, delegada de la oficina de IOMA en Tordillo, que presentó una dura carta ante el ministerio de Salud bonaerense. En ella, denuncia haber sido desplazada sin acto administrativo formal, hostigada por razones políticas y de género, y amenazada directamente por Casanova, quien llegó a su delegación advirtiéndole que debía dejar de hacer publicaciones en redes o perdería su empleo.

Ramírez, trabajadora de IOMA desde 2004, relata que nunca había recibido sanción alguna ni había tenido conflictos laborales hasta la llegada del nuevo director regional, en febrero de 2024. “Desde ese momento comenzó un calvario”, afirma. Según consta en su descargo, Casanova la denigró por ser mujer, la trató de “inútil” y la reemplazó por un hombre cercano a él: Juan Manuel Castella, miembro de La Cámpora y padrino de uno de sus hijos.

Castella fue nombrado al frente de la delegación, a pesar de no cumplir funciones de manera efectiva ni presentarse en la oficina. Para cubrir el vacío, la misma Ramírez —con una carpeta médica activa por enfermedad psiquiátrica derivada del acoso sufrido— fue obligada a reincorporarse de manera irregular para cumplir las tareas de su reemplazante. “Con el aval de IOMA y la presión de Casanova, me forzaron a volver aun en medio de una crisis de salud mental”, denunció.

Como si esto no bastara, días atrás el propio Casanova regresó a la delegación de Tordillo y volvió a amenazarla. “Subió el tono, me gritó que si no obedecía iba a tener problemas con el gremio y el intendente”, escribió Ramírez. El mensaje fue claro: su cargo estaba condicionado por razones políticas y de obediencia partidaria.

Desde el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tampoco hubo respaldo. La delegada zonal Graciela Bourras y referentes como Raúl Horacio “Lalo” Antonetti, Silvio Pro y Gonzalo García Chebel—todos presentes en la regional Dolores— tomaron conocimiento de la situación, hablaron con el director, y no hicieron nada. Lejos de frenar los abusos, la situación se agravó.

La delegada desplazada afirma que su único delito fue ser “amarilla”, es decir, no alinearse con la conducción camporista del IOMA ni responder al intendente de Tordillo, Héctor Olivera. Mientras tanto, las autoridades políticas provinciales guardan silencio, y el director Casanova continúa premiando con cargos a amigos personales y operadores políticos.

Las trabajadoras afectadas reclaman una urgente intervención institucional, el inicio de sumarios administrativos, la restitución de cargos, el pago de haberes adeudados y el cese inmediato de la violencia laboral y de género. “¿Qué están esperando? ¿Qué alguna termine con un ACV o muerta por estrés?”, advierten.

En un contexto de creciente tensión social, las víctimas de esta red de abusos y complicidades piden que se termine con el encubrimiento y se responsabilice a los funcionarios que avalan este sistema de persecución política, patriarcal y violento que parece haberse instalado como norma en IOMA. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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