Corrupción e irregularidades en el centro cerrado de menores de Lomas de Zamora

A pesar de tener solo dos módulos operativos, el centro cerrado de menores de Lomas de Zamora, que depende del gobierno de Axel Kicillof, administra un presupuesto para horas extras que supera los 14 millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores denuncian que perciben cada vez menos horas extraordinarias, un hecho que no solo evidencia una mala gestión administrativa sino que impacta de lleno en la economía familiar del personal.

Históricamente, las horas extras han constituido un componente esencial del salario mensual de los trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Pero en los últimos meses, los aumentos salariales han sido tan marginales que el recorte de horas extra por persona no tiene justificación alguna. Lejos de generar ahorro, la administración local acumula un exceso sistemático de 1,5 millones de pesos mensuales, un desfasaje que ya lleva cinco meses consecutivos.

Todos los caminos conducen a un nombre: Ariel Giudice, conocido como “El Chango” o el “Monge Negro”, un administrativo que desde hace cuatro gestiones permanece como figura clave en el manejo del patrimonio, la liquidación de horas extras y la de cargos. Su permanencia en el cargo resulta llamativa, especialmente porque no se conocen con precisión las incumbencias, responsabilidades ni el salario que percibe por su función. Sin embargo, su poder de fuego dentro del centro es tan fuerte como cuestionado por los trabajadores, que lo señalan como el responsable de maniobras oscuras y discrecionalidades que alimentan un clima de tensión y desgaste constante.

Mientras tanto, la precariedad golpea sin piedad tanto a los jóvenes privados de libertad como al personal. En pleno invierno, los menores deben asearse con agua caliente transportada en baldes, y en verano sufren las altas temperaturas sin la infraestructura adecuada. Las frazadas repartidas son de mala calidad y claramente insuficientes para afrontar el frío.

Las irregularidades alcanzan niveles alarmantes: según pudo saber REALPOLITIK, Alberto Zaninovich, un trabajador radicado en España desde hace meses, percibió el año pasado una suma cercana a los 300 mil pesos, pese a no haber prestado servicio alguno durante ese período. Se trataría de un hecho de corrupción flagrante que expone la falta de controles y la impunidad con la que se manejan ciertos funcionarios dentro del sistema.

En un contexto de ajuste, recorte y deterioro de las condiciones laborales, bajo la órbita del ministro Andrés Larroque, la figura de Giudice se mantiene intacta, protegida por su utilidad para las distintas gestiones, a pesar del creciente malestar del personal. La situación en el centro cerrado de menores de Lomas de Zamora ya no admite más silencio ni maquillaje: el deterioro institucional es evidente, y el costo lo pagan los más vulnerables. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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