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En el mundo del streaming argentino, existen dos medios que, aunque se presentan como antagónicos en lo ideológico, comparten una estructura empresarial inquietante. Se trata de Blender Media SA y Carajo SA, proyectos que han generado controversia por sus relaciones ocultas y las figuras cuestionadas que operan detrás de ambos emprendimientos.
A simple vista, sus relatos ideológicos parecen irreconciliables: mientras Blender se muestra como un canal progresista, cercano al kirchnerismo, Carajo se erige como el baluarte de la batalla cultural libertaria, en sintonía con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, una mirada más profunda revela una serie de coincidencias legales, estructurales y —lo que es más perturbador— personales, que apuntan a un único negocio, oculto bajo el paraguas de una supuesta guerra ideológica.
Ambas compañías fueron constituidas en el mismo momento, mediante diferentes escrituras públicas, pero con una diferencia de tan solo un número. Además, comparten sede: Ortiz de Ocampo 3302, en la Ciudad de Buenos Aires. En esa misma oficina conviven —literalmente— los supuestos antagonistas ideológicos de la actualidad, aunque en términos legales y económicos, no son más que partes de un mismo engranaje comercial conducido por figuras polémicas.
En el trasfondo de uno de estos medios destaca una figura que cumple un rol central en la creación y el manejo de este entramado: se trata de Enrique Saravi O'Keefe, presidente de Carajo SA y exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal. Saravi O’Keefe es hijo de Enrique Tercero Saraví, un polémico escribano cuya carrera fue manchada por graves acusaciones de estafa y fraudes millonarios.
El fallecido escribano Enrique Tercero Saraví fue suspendido en el ejercicio de su profesión por el Juzgado Notarial de la provincia de Buenos Aires, tras denuncias por estafas reiteradas tanto al fisco como a la Caja de Seguridad Social. La medida judicial recayó sobre él en noviembre de 2003. La estafa fue tema de discusión en todos los medios de la época. Además de denuncias oficiales, hubo numerosos particulares que aseguraron que Saraví operaba una “mesa de dinero” con la que habría estafado incluso a amigos y compañeros del Club San Luis de La Plata, entidad de la que fue presidente.
En pocas semanas, Saraví desapareció del club y la Justicia ordenó su detención. Informantes indicaban que se escondía en una casa del barrio norte de La Plata. En ese entonces, el Colegio de Escribanos emitió un comunicado alentando “a la Justicia a actuar con la mayor celeridad posible y, de comprobarse las presunciones, descargar sobre ellos todo el peso de la ley”. A pesar del fallecimiento del escribano, su hijo Enrique Saravi O'Keefe habría mantenido activa la cuestionada escribanía mediante la firma de otro notario.
Más allá del mundo de los medios, la vida de Saravi O'Keefe, heredero de una familia reconocida por sus jugosos negocios inmobiliarios en épocas de vidalismo, está íntimamente entrelazada con actores de peso en la política y la Justicia. En el pasado se le atribuyó influencia en el fallo por el que el juez de Garantías Nro. 6 de La Plata, Agustín Grispo, anuló el juicio contra Daniel Scioli por negociaciones incompatibles con la función pública. Su trayectoria también se cruza con la del exministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, con quien ha estado vinculado tanto durante la gestión de Vidal como en el entramado de empresas que actualmente manejan los canales Blender y Carajo. Amigo y socio de Ferrari, el presidente del stream libertario ha sido una figura activa en los pasillos del poder de la provincia de Buenos Aires.
La historia detrás de Blender y Carajo no es simplemente una historia de medios de comunicación: es el retrato de una red de relaciones personales, políticas y empresariales en las que confluyen intereses públicos y privados, en un esquema que borra las fronteras entre ideología y negocios.
Como dijimos, Saravi O’Keefe, uno de los socios del empresario Augusto Marini -accionista mayoritario tanto de Blender Media como de Carajo- fue funcionario del ministerio de Justicia bonaerense durante la gestión de Vidal, según consta en el decreto 1375, del 2 de octubre de 2016. Desde allí logró proyectarse dentro de la administración pública gracias al impulso de Ferrari, obteniendo luego un contrato en la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que mantuvo hasta mediados de 2023.
Tras su paso por el estado, O’Keefe consolidó relaciones que dieron origen a dos sociedades comerciales: Beniamino SA. Junto a Martín Juan Larralde —también exfuncionario del ministerio de Justicia—, y Ferrari Abogados SA, donde integra el estudio jurídico del propio Ferrari. Allí comparte filas con Hang Kuchen Manfred, Larralde y Julián Lecea, todos con antecedentes en el sector público.
Kuchen se desempeñó en el ministerio de Educación de la Nación Argentina. Lecea, por su parte, cobró un contrato de la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entidad que casualmente fue víctima de un recorte feroz por parte del gobierno de Milei, dentro de la llamada lucha contra los “curros de la casta”. Además, fue empleado del Senado bonaerense entre 2020 y 2023.
Blender y Carajo son, en definitiva, dos caras de una misma moneda. A pesar de su supuesta contradicción ideológica, ambos proyectos responden a un mismo entramado empresarial que se beneficia de su cercanía al poder político y el acceso a contratos estatales sin distinciones políticas, tal y como lo ha dado a conocer este medio.
Detrás de las cámaras y las transmisiones, los mismos nombres, tanto del oficialismo como de la oposición, se alínean para mantener privilegios y negocios. Mientras tanto, el público —el último eslabón de esta cadena— sigue consumiendo contenidos sin conocer los hilos invisibles que conectan a los protagonistas de esta historia.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
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