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El terreno estuvo en manos del exjuez federal Pedro Duarte, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en 2021.
La Justicia provincial imputó este martes a la lonko mapuche Cecilia Maliqueo, referente de la comunidad Tuwvn Kupalmeo Maliqueo, por el delito de usurpación continuada de un predio de más de 800 hectáreas en Villa Pehuenia, una zona de alto valor estratégico y turístico. El terreno estuvo en manos del exjuez federal Pedro Duarte, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en 2021.
La acusación fue formalizada por el fiscal Marcelo Jofré, quien además pidió el desalojo inmediato del predio, pero la jueza de Garantías Carolina González rechazó aplicar la medida cautelar y otorgó un plazo de cuatro meses para avanzar en la investigación.
Una causa judicial que reaviva tensiones históricas
Desde febrero, la comunidad mapuche ocupa el territorio, donde instaló carpas y viviendas precarias de madera, alegando que se trata de un espacio de ocupación ancestral, amparado por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Además, según la defensa, existe un acuerdo cartográfico reciente firmado con el gobierno neuquino para validar dicha posesión.
Pero la querella, representada por el estudio Cúneo Libarona, cuyo titular es el actual ministro de Justicia de la Nación, sostiene que el ingreso fue “clandestino y violento” y no cuenta con reconocimiento por parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). La acusación invoca el artículo 181 del Código Penal, que sanciona la ocupación de tierras con daño o violencia.
El trasfondo: tierra, poder y memoria
Lo que para la comunidad es un acto de reivindicación territorial, para los querellantes es un delito contra la propiedad privada. Pero el terreno en disputa no es cualquiera: pertenecía a un exfuncionario judicial condenado por delitos de lesa humanidad, lo que imprime al conflicto una carga simbólica adicional.
“Estamos fortalecidos y no nos intimidarán. Hay intereses políticos y económicos detrás de esta causa”, expresó la lonko Maliqueo, quien convocó una movilización masiva frente al Juzgado de Zapala en rechazo a la criminalización de su comunidad.
Desde distintos sectores indígenas y de derechos humanos, se alerta sobre una escalada de judicialización de las luchas territoriales en Neuquén, donde aún persisten más de una veintena de reclamos no resueltos. El caso remite a lo ocurrido con la comunidad Fvta Xayen en 2017 en Vaca Muerta, cuando se logró evitar una condena penal a través de un acuerdo extrajudicial.
¿Propiedad privada o derecho ancestral?
La causa se presenta como un nuevo campo de disputa entre el derecho a la propiedad privada y el reconocimiento de los pueblos originarios, en una provincia marcada por la presión empresarial –principalmente ligada al turismo y la industria energética– y los reclamos históricos del pueblo mapuche.
Mientras la defensa prepara su estrategia jurídica y busca apoyos nacionales e internacionales, la jueza González deberá decidir si prevalece el discurso jurídico tradicional o si se abre paso a una interpretación que contemple los derechos de los pueblos indígenas en el marco de los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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