
Interior
Un sindicalista entrerriano viajó a Capital Federal, con apoyo político y promesas de frenar una investigación por una estafa de 74 millones de pesos, para impedir la normalización de su gremio en medio de denuncias por coacción y amenazas.
Representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), encabezados por el secretario de Finanzas, Jesús Núñez, y acompañados por un asesor legal de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), viajó a Capital Federal por pedido de la intendente de la municipalidad de Paraná, Rosario Romero.
La comitiva, que estuvo integrada además por Fabricio Gómez y Fernando García, mantuvo negociaciones con un funcionario de la secretaría de Trabajo de la Nación por pedido de otro peronista: Adán Humberto Bahl. El nexo fue posible gracias a que, aún en la gestión de Javier Milei, en dicha cartera existe una gran cantidad de empleados heredados de gestiones kirchneristas.
Según confiaron fuentes cercanas a este medio, el sindicalista habría tenido que presentar numerosas razones para convencer a las autoridades del área que conduce Julio Cordero para frenar la normalización del sindicato, cuyas autoridades están implicadas en una estafa de millones de pesos.
La normalización del sindicato ha generado gran expectativa entre los afiliados, quienes buscan transparencia y justicia en la gestión de los fondos sindicales. Sin dudas, las razones que habría recibido el funcionario podría tener implicaciones legales y éticas significativas. Los afiliados al sindicato y la opinión pública esperan una investigación exhaustiva y transparente sobre estos hechos. La credibilidad y la integridad del sindicato y de la secretaría de Trabajo están en juego.
Días atrás, los denunciantes se presentaron ante la fiscalía y dieron por caído el acuerdo en la Justicia, quedando a la espera de novedades. Por otro lado, Fabián Carreras denunció nuevamente a Núñez por coacción, tráfico de influencias y amenazas, hechos que habrían tenido lugar luego de que este último se anoticiara del dictamen.
Según información disponible, brindada por el mísmo Núñez en reunión de comisión directiva, estos funcionarios prometieron frenar la investigación sobre el escándalo de estafa. El monto actualizado, por el que están implicados los cuatro sindicalistas, rondaría los 74 millones de pesos. Sin embargo, la promesa de frenar la investigación genera dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de la secretaría de Trabajo. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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