Presentan amparo colectivo para poder votar la candidatura de Cristina

La batalla judicial por el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo. Mariela Alejandra Reche, una ciudadana de La Matanza, presentó una acción de amparo colectivo con medida cautelar urgente ante el juzgado Federal con competencia electoral para que se le restituya su derecho político a elegir a su candidata: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

La denuncia tiene un enfoque directo: la decisión judicial que inhabilitó a Cristina es inconstitucional, ilegítima y lesiona los derechos de miles de votantes. “Soy peronista. Siempre la voté y la quiero seguir votando. Me están quitando mi derecho a elegir a quien considero la mejor representante política”, expresa Reche en el escrito judicial.

“Quieren decidir por nosotros”

La presentación cuestiona la sentencia del Tribunal Oral Federal Nro. 2 que en diciembre de 2022 condenó a la exvicepresidente a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

Según la denunciante, la Justicia no solo condenó a Cristina, sino que también suprimió, de forma indirecta, los derechos de quienes deseaban votarla. “Es como si te prohibieran ir a tu médico o abogado de confianza. En política, el representante también es una elección personal, y me la están quitando”, planteó.

La presentación judicial también solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 174 del Código Penal, que habilita la inhabilitación especial perpetua para funcionarios condenados por determinados delitos. Según la demanda, esa sanción adicional constituye una pena desproporcionada y discriminatoria, especialmente en contextos donde se sospecha de “lawfare” o persecución judicial.

Un amparo colectivo en nombre de “la paz social”

Además de reclamar por su derecho individual, Reche busca que la acción tenga carácter colectivo y que se reconozca su representación de los derechos difusos de todos los electores de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. En su pedido, advierte que la inhabilitación de CFK ha quebrado la paz social y profundizado la conflictividad política en todo el país.

“El país está en llamas. Hay movilizaciones, cortes de ruta, indignación popular. Y todo por una sentencia que prohíbe a una parte significativa del electorado elegir a quien quiera. Si eso no pone en riesgo la democracia, ¿qué lo hace?”, sostiene el amparo.

El precedente: la causa Vialidad

El fallo que hoy se busca suspender como medida cautelar fue el resultado de la investigación por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. La causa se basó en evidencias como decretos firmados por la expresidenta, mensajes de WhatsApp de José López y el flujo de fondos que, según los jueces, terminaban en empresas de la familia Kirchner.

Sin embargo, la presentación judicial afirma que se trató de una condena arbitraria y viciada de nulidad por “cosa juzgada írrita”, es decir, un fallo que viola derechos fundamentales al haber sido dictado en un proceso en el que la ciudadanía –como parte indirectamente afectada– no pudo participar ni ser escuchada.

¿Justicia o proscripción?

Reche no se limita a cuestionar el fallo. También recusa a los jueces de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– por prejuzgamiento, y hace reserva del caso federal, anticipando una posible escalada judicial en tribunales internacionales.

En su contundente petición final, la actora exige que se habiliten días y horas inhábiles para tratar el expediente con urgencia y que se suspendan los efectos de la sentencia, restituyendo a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de ser candidata en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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