
Cultura
Jorge Enríquez, presidente de la fundación Justa Causa, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción.
Jorge Enríquez explicó los motivos detrás de la condena que pesa sobre la ex mandataria: “Está presa porque fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La causa se vincula con cincuenta y un licitaciones de obra pública en Santa Cruz, adjudicadas a empresas controladas por Lázaro Báez, considerado un estrecho colaborador del matrimonio Kirchner. En este sentido, el entrevistado remarcó: “Esto es la matriz de corrupción que había instalado Néstor Kirchner en Santa Cruz, primero como intendente, luego como gobernador y finalmente como presidente”.
Enríquez criticó con dureza el argumento del lawfare utilizado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner: “El ‘lawfare’ es lo que denuncian siempre los condenados cuando no tienen pruebas que puedan acreditar su inocencia”. Y fue más allá al afirmar: “Acá no son presos políticos, sino políticos presos”.
Sobre la condena en sí, destacó que se llegó a una sentencia firme y con el respaldo unánime de la Corte Suprema: “La sentencia está recontra firme, tiene doble conforme. El fallo de la Corte fue unánime y con fundamentación común de los tres jueces”.
Consultado sobre la posibilidad de recuperar los fondos involucrados en los delitos investigados, Enríquez apuntó: “Cristina tiene una inhibición general de bienes. Ha incurrido en insolvencia fraudulenta al poner propiedades a nombre de terceros, como el caso del contador Daniel Muñoz o las estancias de Lázaro Báez”.
Además, mencionó un dato impactante: “Según el cálculo basado en los testimonios de la causa de los cuadernos, entre 2004 y 2015, los Kirchner recaudaron unos 42.000 millones de dólares por corrupción”. Esta cifra, señaló, es equivalente a “180 presupuestos anuales del hospital Garrahan”.
Enríquez también cuestionó el trato diferencial que, a su criterio, ha recibido la ex presidenta: “¿Por qué con ella pasa eso y con otra gente no? Si se fugaba, era difícil ocultarla, pero tiene los medios para hacerlo”. Aun así, sostuvo que se le deben garantizar sus derechos como ex presidenta, incluyendo medidas de seguridad especiales.
Por último, reflexionó sobre el significado de la condena: “Esto tiene que ser ejemplificador. La justicia tarda, pero llega. A mí no me satisface sólo el mensaje: quiero que devuelva todo lo que está en juego”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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