Retroceso obligado: El STJ de Chubut anula subas salariales bajo presión política y sindical

Luego de semanas de tensiones institucionales, reclamos gremiales y cuestionamientos desde el propio Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se vio obligado a dar marcha atrás con los aumentos salariales que había aprobado para miembros del Poder Judicial. La medida fue formalizada en una resolución difundida en las primeras horas del martes y constituye un giro forzado tras la fuerte presión de sindicatos, colegios de abogados y el propio gobernador Ignacio Torres.

El polémico incremento había sido aprobado a través de la acordada 5412, lo que desató el inmediato rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH), la Asociación de la Magistratura y diversos actores del ámbito jurídico. La ola de indignación creció cuando se conocieron otras disposiciones previas del STJ —como la acordada 5352— mediante las cuales los jueces se habían habilitado a sí mismos designaciones discrecionales de personal, adquisición de vehículos oficiales y compra de pasajes.

La resolución que revoca los aumentos lleva la firma de los ministros Javier Raidán, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Andrés Giacomone. Sin embargo, no incluye la derogación de otras acordadas que otorgaban beneficios y facultades cuestionadas, lo que mantiene encendida la polémica.

La intervención del gobernador Torres fue determinante. El lunes, en declaraciones a Radio 3, había exigido públicamente que el STJ retrocediera con los incrementos y se sumara al Censo de Empleados Públicos: “En un momento donde todos hacemos un esfuerzo, no puede haber privilegios. La ciudadanía espera un gesto”. Además, fue enfático en su crítica: “Indigna y preocupa que, en un contexto complejo, haya sectores que sigan actuando como si no pasara nada”.

El trasfondo de la disputa expone las fricciones entre los poderes del Estado en un contexto de crisis económica y fuerte reclamo por austeridad. El Poder Judicial chubutense, cuestionado por su autarquía y falta de controles, vuelve a estar en el centro de una controversia que pone en tela de juicio su credibilidad institucional.

Pese al retroceso en materia salarial, los gremios y sectores políticos advierten que el conflicto aún está lejos de cerrarse. La sociedad, mientras tanto, sigue esperando gestos reales de transparencia y responsabilidad por parte de quienes deben garantizar justicia y equidad desde los cargos más altos del sistema judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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