Paraná: Con el aval de la intendente Rosario Romero, buscan blindar a un polémico sindicalista

La trama detrás del escándalo en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) suma nuevos capítulos, donde confluyen maniobras para frenar una investigación por estafa, favores políticos y presiones desde el entorno de la intendente de la municipalidad de Paraná, Rosario Romero. En el centro de la escena: el sindicalista Jesús Núñez, acusado de haber manejado indebidamente 74 millones de pesos, y denunciado por coacción y tráfico de influencias.

El 16 de junio, REALPOLITIK reveló que Jesús “Pepi” Núñez viajó a la Capital Federal junto a Fabricio Gómez y Fernando García, con el asesoramiento legal de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), para reunirse con funcionarios de la secretaría de Trabajo de la Nación -que aún conserva vínculos con el kirchnerismo, a pesar de la gestión de Javier Milei-. La comitiva, según se confirmó, actuó a pedido de la propia Romero y del exintendente Adán Bahl.

El objetivo del viaje fue uno solo: frenar el proceso de normalización del sindicato, que amenaza con dejar al descubierto la estafa millonaria en la que están implicadas las actuales autoridades sindicales.

Denuncias, amenazas y un despido por venganza

Uno de los denunciantes del entramado, Fabián Carreras, fue víctima directa de las represalias. Afirmó que Núñez lo amenazó con hacerlo echar si no entregaba determinada documentación. Dicha amenaza se concretó: Carreras fue despedido sin mediar palabras. Ahora, tras una reunión interna en el sindicato, los implicados intentan invalidar sus denuncias sosteniendo que ya no es empleado municipal. Sin embargo, la Justicia les dio un revés.

El sindicalista Jesús Núñez y una extraña reunión con la cartera que conduce Julio Cordero.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó un fallo adverso y ordenó que la municipalidad le pague a Carreras el sueldo de abril de 2025. El tribunal sostuvo que la comuna jamás notificó la finalización del vínculo y que, pese al supuesto cese, el trabajador continuó cumpliendo funciones y registrando asistencia. “El actor continuó prestando tareas para el municipio durante abril, resultando inadmisible la defensa de que el vínculo venció en diciembre”, sentenció el vocal Miguel Giorgio.

Vale recordar que la maniobra tuvo que ver con las amenazas de Núñez a Carreras para que deje sin efecto el dictamen de la secretaría de Trabajo. Ante la negativa del denunciante, Marcelo Franco, abogado de Rosario Romero y asesor del secretario de Finanzas, Jesús Núñez, habría sido el ideólogo detrás de cesantear a Carreras con fecha anterior al dictamen que fue el 11 de abril de 2025.

El objetivo fue además hacer caer la carta documento de Carreras pidiendo rendición del dinero que devolvieron en el acuerdo firmado dicho mes, como así también evitar entregar el padrón de afiliados para hacer una asamblea para pedir el apartamento del cargo de Fabricio Gómez y Fernando García. Esta es, en suma, la trama secreta detrás de la persecución política que sufrió Fabián Carreras con el aval de la intendente Romero.

Presión sobre la secretaría de Trabajo y advertencia a Cordero

La filtración del dictamen favorable a la intervención del sindicato desató un temblor interno. La cúpula de SUOYEM acusó a su propia gente por la filtración del contacto con el gobierno de Javier Milei y el secretario de Trabajo, Julio Cordero y, el apellido que se escuchó en la reunión de comisión directiva fue el de Testa, quien según se supo, ya exigió a la secretaría de Trabajo una definición para evitar consecuencias mayores.

La amenaza hecha realidad: la intendente ejecuta el despido pero el Superior Tribunal de Justicia hace caer la maniobra.

En un audio conocido por este medio, se advierte: “Con este dictamen del Superior Tribunal de Justicia se cae todo el circo y la secretaría de Trabajo me tiene que dar el guiño, porque sino tengo que denunciar también a Julio Cordero o al doctor Aquino”.

En medio de este panorama, los afiliados esperan transparencia, mientras las autoridades sindicales y el poder político de Paraná hacen todo lo posible para evitar que la Justicia avance. La credibilidad de la secretaría de Trabajo del gobierno de Milei y la responsabilidad directa del municipio en encubrir a un sindicalista denunciado por corrupción y amenazas, están bajo la lupa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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