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Durante el juicio, el exintendente se declaró inocente y calificó el proceso como una “persecución política”, argumento que no logró convencer al tribunal.
Después de casi una década de investigaciones, la Justicia condenó al exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, a tres años de prisión en suspenso por su participación en un fraude con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El fallo también lo inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos, marcando un punto final —al menos judicial— en una causa que expuso graves irregularidades en la administración municipal.
El exjefe comunal fue declarado culpable de administración fraudulenta agravada y uso de documento falso, luego de que se comprobara que adulteró una declaración jurada para destrabar el último desembolso del plan nacional de viviendas ACU994, entre 2014 y 2015. El documento aseguraba que el 75% de las obras estaban terminadas, cuando en realidad solo se habían construido seis de las doce viviendas prometidas, y algunas ni siquiera estaban completas.
La maniobra se concretó sin la firma del maestro mayor de obras, quien había avalado las certificaciones anteriores, lo que dejó a Reggioni como único responsable de una documentación falsa presentada ante Nación.
Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal optó por una pena en suspenso, unificando esta condena con una anterior de 2019, y desestimó la aplicación de la nueva ley penal que hubiese permitido sumar ambas sentencias y dictar prisión efectiva. La fiscalía había solicitado ese criterio, pero fue rechazado.
“No se acreditó que Reggioni se haya quedado con el dinero”, señalaron los jueces, aunque reconocieron que la gestión dolosa y la falta de transparencia atentaron contra el uso correcto de fondos públicos, afectando la credibilidad institucional.
Durante el juicio, el exintendente se declaró inocente y calificó el proceso como una “persecución política”, argumento que no logró convencer al tribunal.
Además, el fallo encendió nuevas alarmas: los jueces ordenaron investigar al actual titular del IPPV, Mariano Lavín, por posible falso testimonio, tras detectar contradicciones entre su declaración en el juicio y los documentos oficiales del programa habitacional.
La condena a Reggioni también tiene un efecto simbólico: se inscribe en un contexto de creciente malestar social ante la impunidad política y el uso discrecional de recursos destinados a sectores vulnerables. La causa, además, se conecta con otros procesos abiertos, como la llamada megacausa “Techo Digno”, que aún sigue en investigación. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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