Atanor otra vez en la mira: investigan una nueva descarga ilegal de residuos industriales en San Nicolás

La empresa Atanor, dedicada a la producción de agroquímicos, vuelve a ser objeto de una investigación judicial tras haberse detectado una nueva descarga no autorizada de residuos industriales en su planta ubicada en San Nicolás. El hallazgo fue realizado el pasado 9 de junio por inspectores de la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, quienes constataron que una bomba instalada dentro del predio arrojaba residuos líquidos directamente sobre el terreno natural.

La denuncia fue formalizada días después, el 13 de junio, en una audiencia encabezada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien resolvió dar intervención a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para que evalúen si el hecho constituye un delito penal. Además, la magistrada solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para determinar la magnitud del impacto ambiental causado por el vertido.

El punto de vertido se encuentra en una zona cercana a la barranca del río Paraná, lo que eleva la preocupación por un posible daño al ecosistema fluvial. Desde la organización ambiental Greenpeace alertaron sobre la gravedad del caso y señalaron que la empresa “persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”, según declaró la especialista Agostina Rossi Serra.

Por su parte, el abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el hecho como “criminal” y presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir la suspensión inmediata de la producción de efluentes líquidos, así como la prohibición del uso de fuentes de agua, tanto subterráneas como del propio Paraná.

El prontuario ambiental de Atanor no es nuevo. En 2023, la firma fue condenada por contaminación tras comprobarse el vertido de sustancias tóxicas sin tratamiento al río. A esto se sumó la explosión de un reactor en marzo de 2024, que obligó a evacuar a vecinos de la zona y motivó la clausura temporaria de la planta. La producción recién se reanudó en noviembre bajo estrictas condiciones impuestas por un plan de gestión ambiental aprobado por autoridades provinciales.

Esta nueva infracción vuelve a poner en tela de juicio el cumplimiento de dicho acuerdo judicial y podría comprometer la continuidad de las operaciones en la planta nicoleña. Ambientalistas, vecinos y referentes jurídicos coinciden en que Atanor no está en condiciones de garantizar un funcionamiento que respete las normativas ambientales, y reclaman una intervención urgente por parte del Estado.

La causa se encuentra en etapa de investigación preliminar y no se descarta que, de confirmarse la responsabilidad penal de la empresa, se avance con nuevas sanciones e incluso con el pedido de cierre definitivo de la planta. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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