La Matanza: Contratos fantasmas, obras sin detalle y una deuda que no para de crecer

La rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023 de la municipalidad de La Matanza fue analizada en un reciente fallo por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que si bien aprobó formalmente los números presentados, dejó asentadas una larga lista de observaciones por incumplimientos normativos, administrativos y contables. Las principales responsabilidades recaen en el intendente Fernando Espinoza, quien recibió una multa personal de 200 mil pesos que, en honor a la verdad, no refleja la gravedad del fallo.

Según el documento oficial, Espinoza fue observado por no presentar en tiempo y forma los informes legales y presupuestarios exigidos, incumplir con la implementación del sistema de administración de ingresos públicos y por no acreditar la existencia real del saldo de más de 53.400 millones de pesos con los que cerró el ejercicio. Además, la comuna arrastra una deuda flotante de más de 11.700 millones.

Entre los puntos más críticos, el Tribunal advirtió:

- Falta de ejecución física trimestral de obras y metas, y extemporaneidad en la presentación de informes claves.

- Irregularidades en contrataciones por millones de pesos que, según el Tribunal, debieron realizarse por licitación pública y no por concursos de precios fraccionados.

- Desvíos en fondos educativos y coparticipación, con diferencias que superan los 2.000 millones entre lo informado y lo efectivamente recibido.

- Contrataciones millonarias sin detalle claro, como la licitación de 1.000 millones para pavimentación, donde no se identificaron con precisión las cuadras a intervenir.

Un caso particularmente llamativo es el del Centro Ambiental de Reconversión Energética (CARE SAPEM), una sociedad anónima con participación estatal que el municipio no disolvió pese a estar inactiva desde hace ocho años, sin actividad económica ni balances, incumpliendo la ordenanza que le dio origen.

El informe también señala que la comuna sigue sin cumplir con la normativa vigente sobre declaraciones juradas y constitución de domicilios por parte de funcionarios como el secretario de Salud Pública, Alejandro Collia, y otros integrantes del gabinete.

A raíz de estas observaciones, el Tribunal consideró a Espinoza y a varios funcionarios -entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Giampaoli, el contador Adrián Clemente, el director de Compras Guillermo Loyola y la directora de Personal Elizabeth Coleur- pasibles de sanciones en el marco del artículo 16 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

La magnitud y reiteración de las observaciones revelan una gestión con serias deficiencias administrativas, falta de control interno y posibles responsabilidades legales que podrían escalar en los próximos meses. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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