Más empleados de Javier Milei y Axel Kicillof entre los detenidos por el escrache a José Luis Espert

Cuerpo de la nota:
El caso de Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense detenida por arrojar bolsas de estiércol frente a la casa del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sigue sumando capítulos escandalosos. Esta semana, nuevas detenciones agitaron el avispero político: Eva Mieri, concejal de Quilmes; Iván Díaz Bianchi; Candelaria Montes Cató y Aldana Sabrina Muzzio fueron aprehendidos en operativos violentos y denunciados como “ilegales” por sus familiares y abogados.

Pero lo más llamativo es que varios de los implicados no solo tienen cargos en el estado bonaerense, sino también en el nacional. Según pudo constatar este medio, los detenidos figuran como empleados en organismos oficiales dependientes de los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei.

El kirchnerismo pide la libertad de Alesia Abaigar, quien sigue siendo funcionaria.

Una de ellas es Muzzio, de 45 años, psicóloga social y trabajadora de base en Villa Martelli. Aunque su militancia kirchnerista es pública, lo que pocos sabían es que al menos hasta el día de hoy forma parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), un organismo que depende del ejecutivo nacional y que actualmente dirige Esteban Leguizamo. Su ingreso a planta data de abril de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, pero sigue activa bajo el nuevo gobierno libertario.

Por su parte, Montes Cató, de 24 años, milita en La Cámpora desde los 17 y es estudiante avanzada de sociología en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Desde 2023, se desempeña como empleada de la jefatura de Asesores del gobernador bonaerense, bajo las ordenes de Cristina Álvarez Rodríguez, tras haber trabajado de carca con el intendente de la municipalidad de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En tanto, Díaz, de 22 años, también trabaja en la administración bonaerense. Según su propio perfil de LinkedIn, forma parte del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desde 2021, donde llegó a participar de la logística de vacunación contra el COVID-19.

Estos nuevos datos exponen un doble discurso dentro del oficialismo nacional: mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el caso como una muestra de “violencia K”, no mencionó que al menos una de las detenidas sigue cobrando un sueldo del estado nacional que ella misma integra.

Un elemento repetido

Pero el caso de Muzzio no es único. Vale recordar que REALPOLITIK ya había revelado al inicio del caso que Alesia Abaigar conservaba un cargo de planta permanente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo del gobierno nacional, pese a estar con licencia desde 2019. Aunque el organismo intentó despegarse del escándalo diciendo que fue despedida en 2024 “con justa causa”, hasta hoy persisten dudas sobre el tiempo que siguió figurando en los registros, y si recibió haberes o aportes durante ese período.

Mientras tanto, el caso continúa bajo secreto de sumario en el juzgado Federal Nro. 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Los abogados defensores aseguran que no hay delito penal sino, en todo caso, una contravención que debería tramitarse en un juzgado de faltas. “Los están procesando como si hubieran cometido un atentado, cuando lo que hubo fue un acto simbólico con caca de perro. Esto es persecución política y judicial”, denunció el abogado Diego Molea en conferencia de prensa.

Con militantes detenidos, causas sin cargos formales, operativos espectaculares y funcionarios cobrando de dos gobiernos supuestamente antagónicos, la historia suma contradicciones que el oficialismo prefiere no explicar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS