Imputaron a tuitero libertario: Llanto, silencio y un revés para el aparato digital mileísta

Alejandro Sarubbi Benítez, conocido operador digital libertario y abogado de profesión, fue imputado en una causa por amenazas e instigación a la violencia contra la diputada nacional Marcela Pagano. A pesar de su formación jurídica, el tuitero se negó a declarar durante la audiencia y, según fuentes presenciales, se quebró emocionalmente, lloró y pidió que no involucraran a su familia.

Lo insólito no fue solo su silencio ante la Justicia, a pesar de vanagloriarse de ser un hombre de leyes, sino la presencia de un respaldo político explícito: asistió acompañado por los diputados nacionales Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, dos figuras claves del espacio de Javier Milei. El respaldo no alcanzó para torcer el rumbo del expediente: Sarubbi fue imputado por amenazas simples e instigación a cometer delitos, con base en una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X (ex Twitter), donde habría hostigado sistemáticamente a Pagano.

La causa

El expediente, al que REALPOLITIK tuvo acceso, enumera más de veinte posteos en los que Sarubbi, bajo su alias verificado @ASB2509, habría atacado directa y reiteradamente a Pagano, exponiéndola públicamente con insultos, descalificaciones y llamados velados a la acción violenta. "Las advertencias sobre Pagano fueron debidamente presentadas", escribió el 15 de marzo. Días después, apareció publicado un video en el que se lo escucha decir que “había que ir a buscarla”. En paralelo, seguidores del tuitero comenzaron a amenazar a la legisladora y a su hija, mencionando incluso su domicilio.

Entre las pruebas figuran denuncias presentadas por la propia diputada, informes del cuerpo de Cibercrimen, declaraciones policiales, capturas de pantalla y hasta una intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y empresas proveedoras de internet. El cúmulo de elementos llevó al ministerio Público Fiscal a calificar los hechos como amenazas e instigación, dos delitos que eventualmente podrían derivar en una condena penal y en su inhabilitación profesional.

La cara digital del mileísmo violento

Alejandro Sarubbi Benítez no es un libertario más. Se trata de uno de los principales cuadros del streaming Carajo SA, plataforma alineada con el gobierno de Javier Milei, cuyo dueño Augusto Marini es también propietario de la empresa kirchnerista Blender Media SA, que es financiada por organismos del gobierno de Axel Kicillof. Desde allí, Sarubbi encarna la voz más agresiva del oficialismo, con un discurso que mezcla violencia verbal, operaciones digitales y, acorde a lo denunciado, hostigamiento coordinado.

Denunciante y denunciado: Marcela Pagano y Alejandro Sarubbi Benítez.

Según denuncias previas, el influencer ya había sido apuntado por periodistas y colegas abogados por escraches, amenazas y publicaciones con datos personales y financieros. En un hecho especialmente grave, el denunciante Mario Bassano aseguró haber recibido amenazas de muerte por denunciarlo ante el Colegio Público de la Abogacía: "Me dijeron que iba a terminar como Cabezas", relató. Sarubbi, lejos de moderarse, cambió su usuario en X en un presunto intento de borrar pruebas claves, en lo que podría considerarse una maniobra de encubrimiento.

Un golpe para el poder libertario

El procesamiento de Sarubbi representa un duro revés para el aparato de comunicación violenta del gobierno nacional. La figura del tuitero, hasta ahora blindada por su cercanía con funcionarios como Karina Milei y Patricia Bullrich, comienza a resquebrajarse judicial y políticamente.

Alejandro Sarubbi Benítez junto al vocero presidencial, Manuel Adorni.

La causa también evidencia tensiones internas dentro del propio espacio libertario: la denunciante, Marcela Pagano, es diputada de La Libertad Avanza (LLA), misma fuerza que defienden Sarubbi y sus aliados. La línea divisoria parece estar marcada por las formas: mientras algunos promueven la institucionalidad, otros impulsarían la intimidación como método.

Desde el Colegio Público de la Abogacía ya se inició un proceso disciplinario que podría derivar en la suspensión o inhabilitación de Sarubbi como profesional. De prosperar, marcaría un precedente clave en el límite entre libertad de expresión y violencia política organizada desde las redes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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