A fines del 2024, el polémico tuitero libertario había sido denunciado por amenazas y extorsión

En diciembre de 2024, el tuitero libertario Alejandro Sarubbi Benítez fue denunciado penalmente por amenazas coactivas y extorsión mediante imputaciones contra el honor, tras un violento intercambio en la red social X (ex Twitter) con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La denuncia fue presentada por el abogado Walter Brizzio, quien advirtió la gravedad de los mensajes del tuitero: “Lo denuncié por los carpetazos a Villarruel. Y jamás me llamaron de Comodoro Py. Tampoco del Colegio de Abogados”, aseguró en diálogo con este medio. A pesar de la contundencia de la presentación judicial, la causa no tuvo ningún tipo de avance procesal.

Según el expediente al que accedió REALPOLITIK, Sarubbi había escrito en X que no hacían falta los “dos carpetazos” para conseguir la “victoria absoluta de las fuerzas del cielo”, en clara alusión a información comprometida sobre la vicepresidenta. Villarruel respondió públicamente exigiendo que se publicaran los supuestos documentos, para accionar legalmente. Lo que siguió fue una serie de mensajes de Sarubbi con contenido sexual explícito, burlas y provocaciones, tanto contra Villarruel como contra quienes cuestionaban su accionar.

Brizzio interpretó estas publicaciones como una forma de extorsión y coacción, tipificadas en los artículos 149 bis y 169 del código penal. Además, aseguró haber sido blanco de amenazas de muerte por parte de seguidores del influencer luego de cuestionarlo en redes.

El denunciante pidió pericias psiquiátricas y allanamientos sobre los dispositivos de Sarubbi Benítez, a quien calificó como “un abogado que no dejó una sola norma sin violar”, y elevó copias del escrito a organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas. Aún así, ni el fuero federal ni el Colegio de Abogados de La Plata habrían dado curso a sus reclamos en ese momento.

Denuncias y grieta libertaria

Hace algunos días, Sarubbi fue imputado en otra causa judicial por amenazas e instigación a la violencia contra la diputada nacional Marcela Pagano, también perteneciente a La Libertad Avanza. El episodio volvió a poner en el centro de la escena el entramado de hostigamiento digital vinculado al oficialismo, que continúa desgastando la figura del gobierno.

Actualmente, otro denunciante busca la inhabilitación profesional ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, las pruebas en su contra incluyen publicaciones con lenguaje discriminatorio, escraches, amenazas y datos personales de colegas, periodistas y funcionarios.

Sarubbi Benítez, conocido en redes como @ASB2509 o “Gordo Leyes”, forma parte de la usina de comunicación libertaria que rodea a figuras como Karina Milei, Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni. Su estilo violento y provocador, sin embargo, parece haber encontrado finalmente sus límites.

“Estamos ante un abogado que se comporta como un barrabrava y se escuda en su cercanía con el poder. Si no se lo sanciona, el mensaje es que todo vale”, advirtió Mario Bassano, otro denunciante.

Mientras tanto, el expediente de Brizzio permanece paralizado. Un testimonio incómodo de cómo la violencia digital y política puede avanzar sin frenos cuando se ampara en el presunto blindaje oficial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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