Motín histórico: Axel Kicillof y una tragedia anunciada

Apenas unos días después del motín más grave en la historia reciente del sistema de menores en la provincia de Buenos Aires, empiezan a surgir detalles escalofriantes que revelan lo que muchos trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) sabían desde hace tiempo: lo de Pablo Nogués no fue un accidente, fue una bomba de tiempo cuidadosamente ignorada por las autoridades políticas. La desidia, el hacinamiento, la violencia y la explotación laboral fueron la combinación perfecta para una tragedia que podría haberse evitado.

Inicio con el pie izquierdo

La historia se remonta al invierno de 2024, cuando se pusieron en marcha las capacitaciones para ingresar al nuevo centro cerrado de Pablo Nogués. Las promesas eran altísimas: formación pedagógica de calidad, trabajo ordenado, estructura sólida. Pero la realidad que aguardaba del otro lado era muy distinta. Las autoridades ocultaron información clave, como los plazos de cobro que se estiraban por meses, y se construyó una falsa expectativa que luego estallaría en frustración, abandono y caos.

El centro abrió oficialmente el 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, ya semanas antes los trabajadores cumplían horario pese a que aún no habían ingresado los menores. Se les prometió que esos días serían remunerados. No lo fueron. Las designaciones internas —coordinadores, jefes de guardia— fueron decididas a dedo, sin criterios claros, en un esquema verticalista que pronto demostraría su ineficacia.

Al principio, el funcionamiento del Módulo 1 parecía controlado. Pero la sobrepoblación llegó rápido: treinta menores en un espacio para veinticuatro. A eso se sumaba la escasez de personal: solo cinco asistentes para todo el módulo, muchos de ellos mujeres, sin las mínimas condiciones de seguridad. La relación ideal de un asistente cada cuatro chicos nunca se cumplió. Las guardias estaban desbordadas, los riesgos aumentaban y las advertencias del personal eran sistemáticamente desoídas por la conducción.

Año nuevo, consolidación de un esquema

En enero de 2025, el escenario empeoró. Se abrió el Módulo 2 y, en apenas una semana, ya estaba colapsado. Sin jefe de guardia ni coordinador, se obligó a los responsables del Módulo 1 a cubrir funciones duplicadas. Incluso se los presionó para firmar documentación del segundo módulo, falseando información bajo órdenes directas de la cúpula. La instrucción era clara: que nada quede por escrito, que nadie quede expuesto.

Febrero trajo la apertura del centro de recepción, repitiendo el mismo patrón. En total, se concentraron cerca de cien menores distribuidos entre tres módulos, pero con apenas quince asistentes activos, y eso con suerte. La situación era insostenible: drogas, armas caseras, enfrentamientos entre internos, intentos de suicidio. Todo frente a un personal agotado, desprotegido y sin herramientas mínimas para intervenir.

La infraestructura era un desastre: baños colapsados, cloacas rebalsadas, falta de elementos de higiene básicos, ausencia total de enfermería durante el turno noche. Los menores tomaban agua de canilla no potable, y el personal debía explicarles —sin éxito— por qué no había papel higiénico, jabón o shampoo. La respuesta oficial, repetida como mantra por la jefa de administración Jimena Romano, era siempre la misma: “No hay presupuesto”.

A esto se sumó la presión para cubrir horas extras —muchas de ellas de más de 36 horas seguidas— que hasta hoy, en pleno julio de 2025, siguen sin ser pagadas. Algunos trabajadores llegaron a encadenar hasta sesenta horas corridas de servicio. Otros renunciaron. Los que quedan, sobreviven.

Peor aún, la conducción del centro eligió barrer debajo de la alfombra escándalos graves: se detectó que una asistente ingresaba marihuana a los módulos y que otra ofrecía contenido erótico a los internos. ¿La solución? Reubicarlas. Ni sumarios ni sanciones. Silencio administrativo y complicidad estructural.

La voz gremial

Consultado por REALPOLITIK, el secretario de Minoridad del Sindicato de Trabajadores Auxiliares No Docentes, Administrativos y Minoridad (STANDAYM), Pablo Lenz, denunció que su gremio fue sistemáticamente excluido de los centros. “Tuvimos razón. Este desastre era evitable y lo advertimos. Pero nos negaron el ingreso mientras otros gremios, más complacientes, accedían sin problemas”, afirmó.

Lenz también reveló que se prohibía el uso de celulares en áreas clave para evitar filtraciones y que los trabajadores eran amenazados para no hablar con nadie fuera de la institución. “Fue una situación de total indefensión”, aseguró.

"Es inadmisible que luego de un año y medio, y millones de pesos de por medio, las cloacas vuelvan a colapsar. Así como resulta inadmisible que dentro de la misma unidad estructural figure una estructura aparte como si fuera otro dispositivo. Esto sirve a los fines de duplicar los cargos administrativos y retornos de dinero, usando las mismas instalaciones. Dos presupuestos en un mismo instituto. El colmo de lo que se ha visto", añadió.

En ese marco, el dirigente exigió la remoción de toda la cúpula responsable: “Es incomprensible que nadie dé explicaciones y sigan todos en sus cargos. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero no podemos seguir esperando a que pase lo peor”.

Una tragedía anunciada

El resultado final fue el que ya se conoce: un motín violento, heridos, un sistema al borde del colapso y un personal completamente devastado, física y psicológicamente. Nadie se hace cargo. Nadie da respuestas. El ministro Andrés Larroque, a cargo del área, brilla por su ausencia. Axel Kicillof, gobernador de la provincia, avala con su silencio una gestión que hace agua por todos lados.

Mientras tanto, el centro de Pablo Nogués sigue funcionando como si nada. Sin personal suficiente, con módulos saturados, sin supervisión real y con una administración que juega con la vida de los chicos y los trabajadores por igual. El estado, lejos de garantizar derechos, se convirtió en parte del problema. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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