Caso YPF: “El fallo de la jueza Loretta A. Preska impone obligaciones ilegales al estado argentino”

Alejandro Olmos Gaona calificó la sentencia como “disparatada” e injustificable. Se refirió al fallo que requiere entregar el paquete accionario estatal a fondos como Burford Capital y Eton Park, que reclaman una indemnización de aproximadamente 16.100 millones de dólares. El historiador explicó que la transferencia se basa en una interpretación arbitraria del fallo, que considera contraria a la Constitución nacional, que establece que los actos soberanos, como la expropiación, no pueden regirse por estatutos privados.

Consultado sobre la responsabilidad política, subrayó que “la expropiación fue decidida por ley del Congreso de la Nación Argentina, aprobada por amplio consenso —no solo el peronismo, también la Unión Cívica Radical— para recuperar la soberanía energética” . Por lo tanto, atribuir la culpa al gobernador Axel Kicillof sería una “infamia” que desconoce la legitimidad del proceso.

Olmos Gaona también cuestionó las afirmaciones de que el estado erró al no ofrecer acciones a todos los accionistas según el estatuto de YPF. Resaltó que el artículo 17 de la constitución prioriza las leyes nacionales sobre los estatutos societarios, y que la expropiación cumplió con los requisitos de utilidad pública e indemnización.

Respecto de la inmunidad soberana, el investigador advirtió que la Argentina no renunció a su inmunidad bajo la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), y que permite ser juzgada en EE. UU. solo por actos “actas jure gesti” (comerciales). En este caso, actuó bajo “jure imperii” (soberanía), por lo que la jurisdicción norteamericana no corresponde.

El primer fallo de Loretta Preska rechazó la suspensión de la orden, pero luego la Cámara de Apelaciones suspendió temporalmente su ejecución hasta resolver la apelación, otorgando nuevos plazos para ambos lados. Además, los Estados Unidos presentaron un amicus curiae apoyando a Argentina, argumentando que la entrega de acciones podría afectar gravemente la inmunidad soberana y las relaciones internacionales.

Olmos Gaona alertó sobre la magnitud de la condena: “Es inconcebible que se compre por 16 millones de dólares y se reclame 16 mil millones”, calificando esto como un claro abuso de derecho. Además, recordó que inició en 2008 una denuncia en la Justicia española, argumentando el fraude en la venta de acciones del Grupo Petersen, que hoy respaldaría la Argentina en su defensa judicial.

Por último, señaló un posible conflicto de intereses: el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, solía ser socio del doctor Alberto Bianchi, quien en su momento testificó a favor de Burford. Si bien el funcionario se excusó, el especialista puso en duda la validez de esa desvinculación .

En síntesis, desde la perspectiva de Olmos Gaona, el fallo de Preska representa una seria amenaza a la soberanía argentina, basada en interpretaciones legales endebles y motivaciones especulativas. Instó a continuar defendiendo el control estatal sobre YPF, tanto en el plano doméstico como en los tribunales internacionales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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