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La resolución judicial rechaza un recurso de amparo presentado por la abogada Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que cuestionaban la aprobación del informe de impacto ambiental del proyecto Mina Agonic.
Un nuevo fallo de la Justicia ambiental de Jujuy habilita la continuidad de la exploración de litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, pese a las denuncias por la falta de consulta a comunidades originarias. La resolución judicial rechaza un recurso de amparo presentado por la abogada Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que cuestionaban la aprobación del informe de impacto ambiental del proyecto Mina Agonic.
La empresa Lition Energy, en sociedad con la estatal JEMSE, podrá seguir adelante con la fase exploratoria del emprendimiento. Según el fallo, la comunidad de Lipán participó en el proceso a través de la UGAMP (Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial) y avaló el proyecto en una asamblea. Sin embargo, las organizaciones denunciantes sostienen que no se consultó a la comunidad del Angosto, que posee derechos sobre el 42% del territorio involucrado.
“Este es un avance ilegal, y vamos a apelar hasta llegar a la Corte Suprema”, advirtió Chalabe en diálogo con Radio 2. La abogada, que representa a comunidades originarias, explicó que la autorización se basó en el consentimiento de una sola comunidad, dejando completamente afuera a otra parte involucrada.
“Instalaron el campamento minero en tierras de la comunidad del Angosto sin ningún tipo de consulta ni licitación”, denunció. La situación fue verificada por un equipo del propio juzgado ambiental, que incluyó un informe del geólogo Marcelo Estico, miembro del grupo UBATEC de la Universidad de Buenos Aires, quien certificó que el predio de instalación no pertenece a la comunidad del Lipán, la única convocada al proceso.
A pesar de antecedentes favorables a las comunidades –incluidos fallos previos del Banco Mundial y de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, que reconocían el derecho a la información ambiental–, la justicia provincial determinó ahora que se cumplieron los pasos legales requeridos, desestimando el reclamo por falta de participación del total de las comunidades afectadas.
Desde las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán la batalla legal para exigir un procedimiento que contemple a todas las comunidades originarias involucradas y no una consulta parcial que habilite proyectos extractivos en territorios colectivos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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