Escándalo millonario en Jujuy: Denuncian una red de corrupción dentro del Juzgado Contravencional

La causa que involucra al juez Matías Ustarez Carrillo por supuesta corrupción en el Juzgado Contravencional de Jujuy revela una trama de recaudación ilegal que habría desviado más de 500 millones de pesos del Estado provincial. El magistrado fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, acusado de haber ignorado las irregularidades que se cometían dentro de su propio juzgado.

Según revelaron fuentes judiciales, detrás de la estructura del Juzgado operaba una red delictiva integrada por una secretaria y varios empleados, quienes cobraban multas de forma informal, embolsándose el dinero sin rendir cuentas al Estado. En medio del proceso, Ustarez solicitó una licencia por “motivos personales”, lo que fue interpretado como un intento de alejarse del foco judicial y mediático.

El caso generó duras críticas desde distintos sectores. El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Santiago Zamora, advirtió que este escándalo “muestra el sistema corrupto que impera en Jujuy”. Por su parte, Claudia Navarro, secretaria general de la CTA Autónoma, denunció que el Juzgado “fue creado para sacarle plata a los trabajadores”. También se sumó el dirigente nacional de la CTA, Fernando Acosta, quien sostuvo que esa dependencia judicial “funciona como una enorme caja recaudadora”.

Incluso desde el ámbito jurídico, hubo voces que marcaron el silencio cómplice de otras figuras del poder. El abogado constitucionalista Vicente Casas criticó que "nadie da explicaciones", pese a la gravedad de los hechos.

El relato más crudo llegó desde dentro de las Fuerzas. El policía retirado Cristian Vargas denunció en Radio 2 que durante años “se recaudó dinero por contravenciones sin que jamás se invirtiera un peso en infraestructura policial”. Explicó que a través del Fondo Especial de Seguridad (FES), los empleados del juzgado recaudaban enormes sumas provenientes de controles de alcoholemia, multas por documentación vencida, y eventos masivos de fines de semana.

“Sabemos que la recaudación es millonaria. Pero a nosotros nos dan una resma de hojas y un bidón de lavandina cada tres meses”, ironizó Vargas. Detalló que en muchos casos, las multas llegaban hasta los 800 mil pesos, pero se cerraban por 500 mil si el infractor “arreglaba por izquierda” con personal del juzgado. También describió un panorama alarmante: comisarías colapsadas de vehículos secuestrados, funcionarios policiales mal equipados, y un estado de indigencia generalizado en las dependencias policiales.

El escándalo deja al descubierto una estructura institucional podrida, donde el manejo de fondos millonarios carecía de controles básicos, y en la que, según testimonios, la corrupción estaba tan instalada como naturalizada. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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