IOMA: Denunciaron a funcionario de Axel Kicillof por violencia de género

Las denuncias, presentadas por Araceli Ramírez, Viviana Moyano y Johana Ramírez, detallan un patrón sistemático de maltrato por parte de Víctor Casanovas desde su asunción como director en febrero de 2024. Según las demandantes, el funcionario -apadrinado políticamente por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y por el titular del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, ambos también dirigentes de La Cámpora- utilizó su posición para hostigar, denigrar y desplazar a mujeres trabajadoras sin acto administrativo formal ni sumario previo, violando el régimen del empleo público provincial.

Entre los hechos denunciados se mencionan:

- Amenazas y presiones para que las trabajadoras no se expresen políticamente ni adhieran a medidas sindicales.

- Frases misóginas como “las mujeres no sirven para liderar”.

- Remociones encubiertas de cargos jerárquicos y designaciones arbitrarias de allegados políticos sin respaldo legal.

- Desplazamientos funcionales, bloqueos de usuarios en el sistema y retiros de insumos para obstaculizar las tareas cotidianas.

- Denegación de licencias médicas pese a diagnósticos de salud mental acreditados, forzando a las víctimas a tramitar licencias por violencia de género.

Las tres mujeres se encuentran en tratamiento psiquiátrico, y solicitaron medidas cautelares para su restitución inmediata a los cargos y el cese del hostigamiento. Además, reclamaron indemnizaciones que superan los 6 millones de pesos en cada caso, por daño moral, psíquico, pérdida salarial y afectación al proyecto de vida.

A pesar de haber denunciado los hechos ante el ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Estela Díaz; el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); el intendente de la municipalidad de Dolores, Juan Pablo García; y el propio equipo interdisciplinario de IOMA; ninguna de las instituciones actuó eficazmente para frenar los abusos.

Las trabajadoras acusan al entorno político de Casanovas de encubrir su accionar y consolidar una estructura de poder impune dentro del IOMA, con protección desde el ministerio de Salud y la conducción de la obra social.

El caso genera una fuerte preocupación no solo por el presunto encubrimiento político, sino también por la inacción del estado ante denuncias por violencia institucional en el ámbito público, en abierta violación a tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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